Por José Granados Fernández

Una falla procesal de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, considerada un “favor político”, abrió las puertas para que vuelvan a sus actividades los 19 concejales de Soledad que en 2019 fueron destituidos e inhabilitados 10 años por crear un impuesto ilegal.

El escándalo que comienza a crecer tiene que ver con la inexplicable presentación extemporánea de un recurso de apelación del Ministerio Público contra un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico en favor del exconcejal Rodrigo Martínez, decisión que tumba su destitución e inhabilidad, ordena que borren sus antecedentes disciplinarios y castiga a la Procuraduría a pagarle 40 salarios mínimos legales vigentes -hoy 40 millones de pesos- por concepto de indemnización por daños morales.

Tras ser destituido e inhabilitado, el dirigente político -al igual que de manera individual los otros 18 concejales- presentó una demanda de “nulidad y restablecimiento del derecho”.

En favor de Martínez, el 1O. de octubre de 2021 el magistrado Óscar Wilches Donado radicó su ponencia, la cual fue respaldada por su compañero de sala Luis Eduardo Cerra.

De esa decisión se apartó el magistrado Ángel Hernández, quien, al salvar su voto, consideró que en la conducta reprochada a los 19 concejales destituidos e inhabilitados “sí hubo extralimitación de funciones” al crear el Acuerdo 000199, que dio vida al cobro de un impuesto para el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte de Soledad.

La notificación del fallo en favor de Martínez fue enviada por correo electrónico a la Procuraduría Provincial el 1o. diciembre de 2021. De acuerdo con el magistrado Wilches, la apelación debía producirse “entre el 6 de diciembre y el 12 de enero de 2022”, pero inexplicablemente el Ministerio Público apeló el 17 de enero.

Emisora Atlántico conoció que el abogado que lleva este proceso en la procuraduría es Andrés Coronado.

Al responder a la Procuraduría, el magistrado Wilches dijo, el 20 de enero, que la apelación fue presentada de manera extemporánea y archivó el expediente, es decir dejó en firme el proceso de nulidad y restablecimiento de derechos en favor del dirigente político Rodrigo Martínez, quien sin destitución ni inhabilidad podrá volver a sus actividades de manera activa y aspirar a ser elegido en cualquier cargo.

En Emisora Atlántico el abogado y periodista Fabián Montero reveló que en el escenario político soledeño dicen, con insistencia, que, tras ser favorecido con la inexplicable falla procesal de la Procuraduría Provincial, Martínez será escogido candidato a la Alcaldía de Soledad por el condenado y encarcelado ex senador Eduardo Pulgar.

“El favor de la Procuraduría fue para Martínez y, sobre todo, para Pulgar porque el exconcejal es uno de los dos aliados más importantes que tiene el condenado exsenador”, afirmó una fuente consultada.

“La procuradora general, Margarita Cabello, tiene que dar explicaciones de esta ‘jugadita’ o favor político para Rodrigo Martínez y Eduardo Pulgar”, coincidió un conocedor de la política soledeña.

También debe dar explicaciones el procurador provincial Jorge Vásquez Subiroz. ¿Por qué presentaron de manera extemporánea la apelación si en los procesos donde está demandada la Procuraduría, como sucedía en este, deben tener una muy especial vigilancia?

No es la primera vez que en la Procuraduría Provincial dejan de tomar decisiones que favorecen a políticos soledeños. Durante la administración de los procuradores Roberto Badel y Elvia Otero dejaron prescribir un proceso contra el ex alcalde Franco Castellanos y 17 concejales por la aprobación de millonarias vigencias futuras en 2014. En 5 años el Ministerio Público, también inexplicablemente, no tomó una decisión de segunda instancia.

Llama la atención que la mayoría de los concejales favorecidos con la prescripción del caso Castellanos están dentro del grupo de los 19 destituidos e inhabilitados por el impuesto ilegal.