El acuerdo de justicia transicional alcanzado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC consiguió hoy la aprobación de casi todos los sectores de la sociedad, que sin embargo mostraron sus dudas en lo referido a las eventuales penas de prisión que se aplicarán.

Tras desayunar con portadas de prensa rebosantes de satisfacción, en las que el adjetivo "histórico" adornó la fotografía del apretón de manos que tras la firma del acuerdo se dieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", los debates se encendieron en varios foros celebrados en Bogotá.

En ellos se pudo conocer la esperada reacción de los militares, que desde el principio se han mostrado reacios a aceptar un sistema que fije los mismos parámetros para juzgarles a ellos y al grupo armado ilegal.

Sin embargo, los temores parecen haberse despejado a juzgar por la valoración que dieron hoy los militares en retiro a través de Acore, la asociación que les representa, que considera el pacto equilibrado porque además de a los guerrilleros se juzgará a militares y civiles que hayan cometido delitos en el conflicto.

"Entonces hay igualdad, hay un equilibrio, eso es de buen recibo", dijo a Efe el presidente de Acore, el general retirado Jaime Ruiz, quien precisó que seguirán buscando un "trato diferenciado" en el tribunal especial cuya creación establece el acuerdo de justicia.

También aprobó el texto divulgado en La Habana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que dijo que es una iniciativa "satisfactoria" para las Fuerzas Armadas.

"Tenemos hoy después de La Habana un sistema de justicia claro, robusto, que garantiza la no impunidad, que se va a aplicar tanto a la guerrilla como a los agentes del Estado y otros agentes que hayan participado del conflicto", resumió el ministro.

En Colombia, recordó, hay 1.000 miembros de la Fuerza Pública condenados por delitos cometidos en actos de servicio dentro del conflicto armado.

Mientras, las víctimas de la guerrilla y la Procuraduría examinaron con lupa el acuerdo, que contempla una amnistía para delitos políticos y la creación de un tribunal especial para la paz cuyas penas oscilan entre los cinco y veinte años de "restricción de libertades".

Este apartado es el que concentra las dudas, lideradas por el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, que asegura que sin penas de prisión para los cabecillas de la guerrilla el acuerdo "es insostenible jurídica y políticamente".

Ordóñez dijo que le preocupa "la ambigüedad del texto pactado", puesto que lo que se denomina "restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales" significa, sostuvo, que las penas para los guerrilleros pueden "reducirse a la prohibición de salir del país o la realización de un trabajo comunitario".

"De acuerdo al comunicado de prensa del Gobierno y las FARC, las penas privativas de la libertad no existirían", apuntó durante su intervención en un foro en Bogotá, en la que sostuvo que las "penas simbólicas son una afrenta y una bofetada a las víctimas", así como "desconocer sus derechos".

Precisamente una de las víctimas emblemáticas de las FARC, el general retirado de la Policía Luis Mendieta, secuestrado durante casi doce años por la guerrilla, dijo tras valorar como "avance" el acuerdo que lamenta que aún no haya pacto sobre cómo se reparará a los afectados por la violencia.

"Estamos a la expectativa que en los próximos días se llegue a un acuerdo en el tema de víctimas, porque los grupos que sufrieron por las FARC en estos años de violencia están esperando para saber cómo va a ser ese proceso que llaman verdad y reparación", apuntó.

Entre los puntos a aclarar, destacó la incógnita de qué pasará con el dinero que el grupo armado ha recaudado por delitos como el narcotráfico, y si estos recursos se entregarán al Estado colombiano.

Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sofía Gaviria, también víctima de la guerrilla, criticó que el acuerdo no tomó en consideración las "válidas reclamaciones de las víctimas" y dijo esperar que eso "se corrija en esta nueva etapa del proceso".

Entre las numerosas cuestiones que rodean el acuerdo, la Corte Suprema de Colombia arrojó algo de luz al ratificar que el narcotráfico es conexo al delito político de rebelión, siempre que esa actividad tenga como fin financiar a "organizaciones insurgentes".

La frase, recogida en un fallo divulgado hoy, abre la puerta a que el tráfico de estupefacientes realizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre en una futura amnistía, una de las opciones que más ampollas levanta en el país.

EFE