Casa de Nariño, una “sede política” por la injerencia del Gobierno en las elecciones
La Procuraduría General puso la lupa sobre dos ministros por injerir en política.
Casi que a diario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está publicando un video donde manda un mensaje similar: "Ojo, ve que te lo digo, se va a joder esto si votas por la muerte".
Lo de Benedetti se ha vuelto sistemático en sus redes sociales y podría ser una frase que pase inadvertida en otro contexto, pero no en el actual en el que el país enfrenta una campaña electoral, marcada por la polarización y el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Alguien dijo que el amor se demuestra con el presupuesto. El presidente @petrogustavo ama a la fuerza pública: mejoró la alimentación y subió el salario a nuestros soldados. Mira el video para que no te dejes engañar de los vendedores de humo. pic.twitter.com/WjyEql6nXV
— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 6, 2025
Estos videos podrían ser interpretados como una injerencia en política y la Procuraduría podría actuar de oficio, como ya hizo con el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
En octubre, a Montealegre le abrieron una investigación disciplinaria por su presunta participación en política, después de haber catalogado de "caricaturesca" la precandidatura del abogado Abelardo De La Espriella.
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Por su parte, el pasado 5 de noviembre también se le abrió una indagación previa a Sanguino por presuntamente publicar mensajes "descalificadores" por la reunión de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.
Opinan los expertos
Frey Alexander Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que en Colombia se está viviendo un "régimen claro de indebida intervención en política".
Recalcó que es inoportuno que funcionarios públicos de la estirpe de un ministro o incluso el propio Presidente Gustavo Petro expresen opiniones públicas sobre las campañas.
"Es claro ese régimen de que ellos no pueden participar de ese modo porque precisamente son garantes del proceso, ellos coordinan las comisiones de seguimiento electoral, deben brindar garantías a través de los diferentes ministerios porque cada uno interviene de acuerdo a sus competencias, entonces sí es un asunto ya de competencia de la autoridad disciplinaria", explicó Muñoz.

Desde la MOE se subrayó que el Gobierno no puede participar en controversias, enviar mensajes proselitistas y utilizar bienes públicos para apoyar candidaturas.
Casa de Nariño, como "sede política"
Antonio Lizarazo Ocampo, expresidente de la Corte Constitucional, rechazó que se diga que siempre los Gobiernos del pasado también hayan participado en política.
"Es probable que los presidentes se hayan reunido en el Palacio de Nariño con alguien para hablar de política, es probable que los servidores públicos, de alguna manera, hayan intervenido o tratado de intervenir en los procesos electorales; pero lo que nunca había ocurrido es que se hiciera de manera tan descarada, tan pública", afirmó Lizarazo.

El exmagistrado señaló que la Casa de Nariño se convirtió en una "sede política", en donde el Presidente Petro convoca "abiertamente" a sus copartidarios y cuestiona a la oposición.
Fue enfático en manifestar que estas actuaciones están por fuera del marco constitucional de las funciones del Presidente y de los servidores públicos.
Por su parte, Alfonso Portela Herrán, exregistrador Delegado para lo Electoral y vicepresidente del Colegio de Abogados y Observatorio Electoral Académico (COADE), invitó a los funcionarios públicos a dar "tranquilidad" al proceso político.

"Los roles de los funcionarios públicos deberían ser otros distintos a la intervención en política. En la medida que eso se dé, va a haber más tranquilidad en el proceso electoral y no va a haber tanto trabajo para la Procuraduría de estar vigilando a los funcionarios en la intervención en política".
Aún faltan cuatro meses para la elección más cercana, que es la del Congreso, pero parece que los mensajes del Gobierno no pararán, a pesar de que el Ministerio Público ya ha realizado advertencias constantes para los servidores públicos.
La sordera podría ser otro problema en el Ejecutivo.