El retorno al país del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez para que asuma la gestoría de paz que le asignó el Gobierno, avanza a pasos acelerados bajo la supervisión de la oficina del Alto Comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez.

Será un protocolo que comprende garantías de seguridad física y de seguridad jurídica para Mancuso, así como un plan de acompañamiento y seguimiento a su proceso por parte de entidades internacionales imparciales.

No obstante, el Gobierno Nacional reiteró que el regreso de Mancuso para que asuma sus funciones de paz, está en manos de la justicia de Estados Unidos y no de Colombia.

Como se ha informado, el antiguo cabecilla de las Autodefensas purgó una pena de 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Esta pena finalizó en 2020 y desde entonces permanece recluido en un centro de detención de migrantes, a la espera que se resuelva su situación de gestor de paz.

Para esto existe un grupo interdisciplinario de trabajo acompañando el caso y esbozando el plan que, como gestor de paz, deberá desarrollar en términos de aportes concretos a la comprensión de la verdad del fenómeno paramilitar, sus efectos culturales y políticos, y el diseño de propuestas para las garantías de no repetición.

Igualmente, el apoyo que debe dar en el proceso de exhumaciones, búsqueda de desaparecidos y tierras despojadas, y tendrá un papel en las mesas técnicas que abordan asuntos por resolver respecto de la Ley 975 con los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Oficina del Alto Comisionado reiteró que no puede, ni ha pretendido en ningún momento, interferir en el desarrollo de los procesos y las decisiones judiciales, tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Recordó que la figura denominada como ‘gestor de paz’ está regulada por la Ley 975 de 2005 y por el Decreto 1175 de 2016, que provee que los procesos penales que vinculen a personas designadas por el Gobierno nacional como gestores de paz no serán suspendidos, y estas personas deberán ponerse a disposición de las autoridades judiciales en todo momento que sean requeridas.

Para concluir el Gobierno Nacional reiteró su disposición de colaborar y aportar, en el marco de su mandato legal, al avance de la verdad y la justicia restaurativa para las víctimas de las violencias, componentes esenciales de nuestra apuesta de paz integral para Colombia.