Dos víctimas relataron este martes hechos violentos perpetrados contra miembros de la Unión Patriótica en Colombia, como parte de los testimonios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conocerá esta semana en una audiencia relacionada a la persecución contra ese partido.

En el segundo día de audiencia por este caso, la Corte Interamericana escuchó los testimonios de Gloria Mancilla, viuda del dirigente político Miguel Ángel Díaz, y de Consuelo Arbeláez, viuda del diputado Gabriel Santamaría, quien fue asesinado.

Mancilla declaró que junto a su esposo "hicimos parte del Partido Comunista y militantes de la Unión Patriótica" y recordó que su esposo fue víctima de desaparición forzada en 1984 cuando tenía 33 años y tres hijas pequeñas.

"No ha sido fácil. Esta búsqueda implicó que comenzaran las amenazas desde el primer día que empezamos a exigir el regreso de Miguel Ángel. Mis hijas recibían llamadas y les decían que nos iban a matar a todas. Estas amenazas nos obligaron a realizar un desplazamiento interno y constantemente teníamos que cambiar de vivienda y de colegio para mis hijas. Al final fue tanta la presión que tuvimos que salir un año con protección del Estado español", manifestó Mancilla.

La testigo afirmó que "son 36 años de búsqueda de Miguel Ángel y su proceso judicial está también desaparecido".

"Es difícil expresar los impactos. Prácticamente no hemos tenido derecho a tener amigos. Todos mis amigos con quienes militamos han sido asesinados, desparecido o desplazados. El daño social ha sido enorme", manifestó Mancilla.

La testigo pidió a los jueces de la Corte Interamericana que ayuden a "lograr que nuestros hijos, nietos y otras generaciones no sigan viviendo esto".

Por su parte, Consuelo Arbeláez narró el contexto en el que su esposo y otros dirigentes de Unión Patriótica fueron asesinados, así como las consecuencias que sufrieron ella y sus hijas.

"De este proceso (ante la CorteIDH) espero que haya justicia, que se demuestre que el Estado fue promotor y auspiciador con los grupos paramilitares de todo este genocidio contra la Unión Patriotica", manifestó Arbeláez.

En la audiencia de este martes la representación del Estado no realizó preguntas a las testigos y más bien hizo un par de comentarios breves en los que destacó la lucha por la verdad y justicia que ellas y sus familias han llevado a cabo por años.

La demanda contra el Estado se relaciona principalmente al "exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones al derecho a la vida, desapariciones forzadas y desplazamientos de particular gravedad y magnitud, y tiene un carácter emblemático en Colombia".

Estos hechos ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6.000 miembros o militantes de la Unión Patriótica, quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la complacencia de los otros.

Al Estado colombiano se le acusa de haber violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial, así como los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.

Todo ello debido a que el móvil de las violaciones de derechos humanos habría sido su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo.

La demanda también señala que las víctimas de este caso aparentemente fueron sometidas constantemente a estigmatización a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas o brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La audiencia por este caso se lleva a cabo por vídeo conferencia y se extenderá hasta el próximo viernes.

EFE