Con un panorama bastante inusual, avanza el debate electoral para la escogencia de autoridades locales el próximo 27 de octubre.

Faltando 29 días para las elecciones, lo que se viene observando es un alto crecimiento de amenazas de candidatos, una ‘guerra sucia’ entre campañas, al tiempo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) frenó una enorme trashumancia que condujo a dejar sin efecto la inscripción de 127.832 cédulas durante la más reciente zonificación.

En este caso, al cotejar diferentes bases de datos de entidades estatales que otorgan beneficios, el CNE comprobó 99.920 no correspondían a la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y Administradora de los Recursos del SGSSS (ADRES); 5.211 a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE); 80.755 al Sisben, 18.186 al Departamento para la Prosperidad Social y 23.907 a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), configurando así los típicos casos de trashumancia. Es decir, inscribirse en un lugar diferente al cual donde reciben los beneficios estatales.,

Según el CNE la trashumancia o trasteo de votantes es una práctica contraria al ordenamiento jurídico en la que ciudadanos sin arraigo con determinado municipio buscan participar en su elección política con el propósito de alterar, de manera irregular, la expresión popular a favor de un candidato u opción política. Y como tal tiene tipificación legal.

A esta intentona de fraude electoral se suman los casos de amenazas de candidatos.

En el más reciente Comité de Seguimiento Electoral fue revelada la cifra de 17 candidatos amenazados en el Atlántico, de ellos 11 en el Área Metropolitana de Barranquilla y 6 en los restantes municipios.

El caso más reciente fue el del candidato al Concejo de Usiacurí, Ángel Moreno Cabrera, quien dijo haber sido secuestrado, violentamente golpeado y amenazado de muerte.

El audio comprometedor

A lo anterior se agrega una ‘guerra sucia’ en la que diferentes campañas aseguran que sus piezas publicitarias son destruidas o borradas, quizás por sus contendores políticos.

En otros casos llama la atención la difusión de un audio en la que un candidato exige la devolución de una millonaria suma de dinero que le había entregado para apoyar su aspiración, lo que desde ya demuestra una asquerosa campaña para llegar al poder. ¿A cambio de qué?

Esto último demuestra que hay candidatos que están dispuestos a realizar lo que sea y como sea para resultar elegidos y después, ya en el poder, recuperar la ‘inversión electoral’ con diversos métodos de corrupción.

La biometría, ¿una solución?

Una de las medidas de choque para combatir el fraude electoral es la implementación, nuevamente, el sistema de biometría en el Atlántico.

Las autoridades aseguran que esta vez se pondrá en marcha una biometría más avanzada, “con los controles de rigor para evitar contratiempos”.

Es así como se tiene previsto que en Barranquilla la biometría funcionará en 102 puestos de votación, en Galapa en 6 de los 8 puestos, 7 en Malambo, 4 en Palmar de Varela, 4 en Santo Tomás,mientras que en Soledad habrá equipos biométricos  en 37 de los 40 puestos, incluyendo planta eléctrica garantizada para su adecuado funcionamiento.

Panorama nacional

A nivel nacional la situación es igualmente preocupante.

"Hemos puesto toda nuestra capacidad institucional. Nos preocupa inmensamente las amenazas. Vamos con 126 candidatos a Alcaldías, 93 Concejo, 14 Asamblea, 14 a Gobernación y 3 a JAL amenazados", reveló el Ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Por su parte, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, precisó que el Presidente iván Duque presentó el ‘Plan Ágora’ que evidenció riesgos: transparencia y seguridad para capturar el Estado por la corrupción, la alteración del orden público, financiación ilegal y delitos electorales.

En este sentido, el Director de la Unión Nacional de Protección (UNP), Pablo Elíaz González, señaló que se registran 1.633 protegidos con el Plan Ágora a nivel nacional.

La situación también fue objeto de debate en el Senado de la República. Allí, la Senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo, denunció que "para estas elecciones se anunciaron $27 mil millones asignados a la UNP para proteger a los candidatos identificados y el  presupuesto que se requería era de $42 mil millones".

Entre tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, afirmó que "el CNE no puede ser ajeno al tema de la violencia política. Aquí es un problema de competidores que se están matando por apoderarse de las Alcaldías y de las Gobernaciones".

Finalmente, el Senador Carlos Guevara, hizo un llamado a la "posibilidad de tener un censo electoral actualizado" y una "protección del fraude en el software".

Bastante enredado el panorama que rodea el debate electoral.