El excanciller Álvaro Leyva denunció a través de un comunicado de prensa la existencia de una presunta "operación de sabotaje" orquestada por el presidente saliente, Gustavo Petro, y sus ministros, cuyo objetivo sería “desestabilizar” los primeros días de la nueva administración del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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En la denuncia, Leyva aseguró que desde varios ministerios se está “presionando a funcionarios clave” de libre remoción para que presenten su renuncia inmediata. Esta estrategia buscaría dejar las "carteras institucionales “sin personal capacitado para entregar la información requerida”, provocando el bloqueo de computadores, el cierre de oficinas y, presuntamente, la “destrucción de documentos públicos”.

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"El gobierno saliente quiere que los computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos (...) por puro pavor al 'bloque de búsqueda anticorrupción' que ya se anunció", señala el texto.

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También, en el documento indicó que, el origen de esta confrontación, se remonta al pasado 6 de julio, cuando le enviaron una carta al presidente Petro reclamándole por supuestos "nombramientos de última hora" en la Cancillería, una maniobra que buscaba "maniatar" al nuevo ejecutivo.

Desde el punto de vista jurídico, Leyva señaló que estas acciones configuran una clara "desviación de poder", una doctrina legal donde la autoridad competente utiliza sus facultades para un fin distinto al señalado por la ley.

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“Esto conecta con otro concepto también francés llamado el "état des affaires", que supone que durante una transición como la que vivimos, el gobierno saliente debe entregar los asuntos de la administración en su estado normal y abstenerse de hacer cambios para trampear a su sucesor. Así deberían ser las cosas, pero Petro es alérgico a la legalidad”, sostuvo.

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Finalmente, hizo un llamado a los servidores públicos a "aguantar sus renuncias unos días" hasta que se complete el cambio de mandato y enfatizó en que el presidente electo De La Espriella cuenta con “la plena legitimidad de las urnas” para decidir el rumbo y el personal de la administración pública.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un pronunciamiento oficial ante estas acusaciones que tensan aún más el panorama político de la transición en Colombia.