El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el proyecto de ley con el que se busca regular el alquiler de vientres es una actividad “filantrópica” de quien quiera prestar su cuerpo.

También que es obligatorio acarrear los gastos del embarazo para quienes quieran adquirir ese servicio.

“La figura es que esté regulada y protege los derechos de quien acepte la gestación y de quienes acudan a ese servicio. El proyecto no quiere que sea un negocio, sino una actividad como donar órganos”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

Osuna aseguró también que el proyecto garantiza el derecho a la interrupción al embarazo cuando se den las condiciones que contempla la ley.

“El hecho de que la mujer acceda a colaborar, no la hace perder su derecho al aborto”, dijo el Ministro.

Señaló igualmente que se presentó a fin de cumplir un fallo de la Corte Constitucional para que el Gobierno resolviera el alquiler de vientres en Colombia, que no tiene regulación legal.

Aunque Osuna reconoció que la iniciativa genera una controversia moral y política, el peor de los escenarios es no regular.

“Como la figura no está regulada, la criatura queda como hijo de la mujer que lo concibió; está regulación da esa solución dejando a la criatura como hijo de las personas que acudieron al servicio”, sostuvo.

El proyecto de ley establece que los interesados deben poner todo en un contrato que será revisado por el Icbf, y dado a conocer totalmente a la mujer que alquile su vientre para que, cuando sea consciente y acepte el contrato, se pueda implantar el embrión.

El Gobierno también afirmó que los cuidados del embarazo deben estar a cargo de quienes solicitaron el servicio y no del Estado.

 Además, en el caso de que el servicio sea requerido por una pareja, deben demostrar como requisito que tienen una imposibilidad natural.

Sobre las críticas al proyecto de que se redactó con cierto “secretismo”, el ministro Osuna aclaró que ni él ni la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicaron el documento formalmente en el Congreso porque no estaban en Bogotá; por eso acudieron a enviar la iniciativa ya firmada para que se adelantara el proceso y se cumpliera con los términos dados por la Corte.