Sin que le temblara la mano, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, firmó un contrato para el apoyo en redes sociales que fácilmente podría convertir al beneficiario en el community manager (administrador de redes sociales) más cotizado del mundo, pues sus tareas, que deben ejecutarse por ocho meses, cuestan un total de 899 millones 30 mil pesos.

El objeto del contrato es el de brindar “apoyo a la gestión en el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación digital y medios alternativos de comunicación para hacer más eficaz y efectivo el proceso de información, promoción y divulgación de los programas y proyectos de la Alcaldía de Santa Marta”. Resumido en pocas palabras: un administrador de redes sociales.

Zona Cero revisó en los estudios previos al contrato cuáles son las tareas puntuales que deberá ejecutar el contratista y encontró que estas no están desligadas de las funciones propias de un CM:

Este escandaloso contrato fue firmado el 13 de abril de 2016 por el alcalde Rafael Martínez y la empresa Wuepa SAS, representada legalmente por Aquiles Alfonso Cohen Llanes, un exfuncionario de la misma Alcaldía conocido por ser un férreo defensor de la administración distrital en Twitter, para lo ya lo habían contratado en el año 2014, aunque en esa ocasión por un monto mucho más realista: $21 millones en 7 meses, es decir, 3 millones de pesos mensuales.

No obstante, en esta ocasión, el contratista beneficiado se preocupó por crear una empresa que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 13 de enero de 2016, exactamente tres meses antes de recibir el jugoso contrato. 

Por si fuera poco, la empresa no solo tiene muy pocos meses de haber sido creada, sino que además, la dirección registrada en esta empresa es la de una casa residencial ubicada en un barrio popular de la ciudad de Santa Marta.

Varias personas que conocen al exfuncionario aseguran que la empresa como tal es de papel y que la dirección que aparece registrada a nombre de la empresa es, en realidad, el domicilio de residencia del representante legal.

Zona Cero pudo verificar esta información porque fue la misma dirección que Cohen registró en el contrato de apoyo a las redes sociales que le  adjudicaron en 2014, como persona natural.

Otra fuente que pidió mantener su nombre en reserva confirmó que el contratista Aquiles Cohen en realidad no posee una empresa con suficiente músculo económico para manejar contratos por esta cantidad y aseguró que el pago de la póliza para garantizar este contrato fue facilitado por el ex director de Tránsito del Distrito, Víctor Arizmendi.

Zona Cero consultó a Arizmendi, quien niega conocer la empresa Wuepa, aunque sí asegura haberle hecho un préstamo a Aquiles Cohen en días pasados. “Él me comentó que es para la legalización de un contrato pero no manejo mayor información. Yo en anteriores oportunidades le he prestado dinero y me ha quedado bien”, dijo.

¿Empujón para un movimiento político?

En los estudios previos del contrato, la propia Alcaldía de Santa Marta reconoce que “una vez revisado el personal de planta de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, se constató que aún, cuando existe personal con perfil apto para desarrollar el objeto contractual, es necesario contratar a una persona natural o jurídica, toda vez que la carga laboral de los mismos no les permitirá ejercer las labores aquí descritas”.

Si los estudios previos hablan de un refuerzo para la planta existente, ¿por qué el contrato termina siendo tan desproporcionado?  En este caso, la Alcaldía determina pagarle a la empresa de papel un primer pago de 52 millones 884 mil 128 pesos, que se efectuará el 29 de abril, y ocho cuotas mensuales de 105 millones 768 mil 234 pesos.

Fuentes consultadas por Zona Cero aseguran que este contrato habría sido diseñado para impulsar un movimiento político que se estaría gestando desde ahora para unas futuras elecciones. De comprobarse esto, se estarían incurriendo en graves delitos de corrupción y malversación de recursos.

Este medio consultó a Aquiles Cohen y a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía para tener una versión sobre el sospechoso contrato, pero no hubo respuesta en ninguno de los dos casos.