Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

A imputación de cargos por el presunto caso de corrupción cometido en el 2020 con tres contratos, que sumaron $69 millones, fueron llamados el alcalde de Candelaria, Gregorio Brito, cuatro funcionarios de su equipo de gobierno y un contratista.

La decisión de la Fiscalía General les fue informada a los investigados por el Juzgado Primero Promiscuo de Candelaria.

Además del alcalde Brito, la imputación cobija a los secretarios de Infraestructura, Luis Perea Gualpa; de Planeación, Robinson Muñoz Calvo; a los funcionarios municipales Arnoldo Bolívar Cervantes y Daniel Barandica Carrillo y al contratista Darío Pedroza Díaz.

En agosto de 2021, Emisora Atlántico y Zona Cero.com dieron a conocer la denuncia que ante la Fiscalía presentó el abogado Porfirio Castillo por lo que considera un nuevo caso de corrupción administrativa en la adjudicación de los contratos CO-070901-2020 por $23.400.00 para la limpieza de los cauces de los arroyos de Candelaria; CO-070902-2020 por $23.189.477 para obras de limpieza y adecuación del arroyo Bejuco y el CO-070903-2020 por $23.017.684 para obras de limpieza del canal de drenaje de la Urbanización Nueva Candelaria.

Las presuntas irregularidades que habrían sido cometidas fueron denunciadas y quedaron consignadas en el Acta 029 de la sesión del 25 de mayo de 2021 del Concejo Municipal de Candelaria, en la que los cabildantes Remberto Movilla, Nelson Martínez y Germán Fonseca, durante un debate de control político, dejaron al descubierto que los tres contratos no habían sido ejecutados, pero sí cobrados.

En la sesión fue presentada una declaración que, bajo la gravedad de juramento, hizo el ingeniero Dairo Pedroza Díaz ante la Notaría 11, el 11 de junio de 2021, en la que afirmó, refiriéndose a los tres contratos, que “no participé en la etapa precontractual, es decir no presente oferta alguna; no suscribí contrato, no firmé acta de inicio, ni acta de recibo final y por ende no recibí ninguna suma de dinero por concepto de la ejecución de los contratos suscritos con la Alcaldía del Municipio de Candelaria”.

“Si en alguno de los contratos, y/o sus documentos anexos, arriba mencionados aparece mi nombre y firma, esta debe ser falsa pues no ejecuté ninguno de ellos”, declaró también Pedroza Díaz ante el notario Jaime Horta.

Posteriormente, en una entrevista que atendió el investigador del CTI, José Castro Ecker, Pedroza dijo que sí se había encargado de los trabajos y que éstos fueron recibidos a satisfacción. De nada le sirvió porque la Fiscalía, dentro de su evaluación, no tuvo en cuenta esta declaración y lo llamó a imputación.

Otra denuncia de los concejales que fue incluida en los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía fue que la limpieza de los arroyos no la realizó el Municipio, sino una maquinaria que envió la Unidad de Gestión de Riesgos, pero el alcalde Brito, sus funcionarios y el ingeniero cobraron fraudulentamente los $69 millones haciendo ver que cumplieron los tres contratos.

Por esa razón, Porfirio Castillo advierte que cada vez es más frecuente que las ayudas que entrega la Unidad de Riesgos o las obras que hace el Ejército en épocas de lluvias y emergencias son aprovechadas por alcaldes que andan “cometiendo fechorías”.

En el caso de los tres contratos de los arroyos, el denunciante sostuvo ante la Fiscalía que “se suscribieron el mismo día, para desarrollar el mismo objeto, por valores muy similares, lo cual permite inferir que se fraccionaron, posiblemente, con la finalidad de burlar el proceso de contratación, acomodando las cuantías”.

Otro hecho relevante en este caso fue que ante la Fiscalía denunciaron que los millonarios recursos cobrados fraudulentamente fueron girados a la cuenta de un particular. A pesar de que la Fiscalía confirmó esta denuncia, la persona que recibió el dinero no figura en la lista de los llamados a imputación.

Los delitos que pidieron investigar son peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad de documentos, entre otros, pero no se sabe cuáles serán imputados.

Castillo lamenta que las malas administraciones municipales estén afectando la institucionalidad, tanto que, a su juicio, las Alcaldías son unos “feudos podridos” a los que llegan funcionarios “en chancletas y al día siguiente salen en camionetas cuatro puertas”.

La audiencia de imputación fue fijada para el 8 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Los investigados deben presentarse con sus abogados defensores, les notificó el Juzgado Primero Promiscuo de Candelaria.