Gracias a un decreto del Ministerio del Interior expedido en marzo de 2015, en el que se estructuró la existencia de la Ventanilla Única Electoral, se evitó que 6.260 personas que fueron condenadas por distintos delitos pretendieran aspirar, de manera irregular, a las elecciones regionales y locales que se celebrarán este 25 de octubre. 

A través de esta ventanilla única se consultaron y tramitaron antecedentes, información disciplinaria, judiciales y fiscales de los aspirantes, con el fin de garantizar unas elecciones trasparentes. El resultado de esta depuración arrojó otras cifras alarmantes. 

Por ejemplo, se estableció que 3.494 de los candidatos inscritos para aspirar por uno de los cargos de elección popular estaban sancionados por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitados para ser elegidos. 

Al consultar la base de datos de la Fiscalía General de la Nación se estableció que los 114.935 candidatos inscritos tienen 371.830 investigaciones (abiertas e inactivas), lo que da un margen de unas 3 investigaciones por candidato, en promedio. Sin embargo, cabe anotar que, así como hay candidatos sin tacha, hay otros en los que un solo candidato tiene hasta 30 investigaciones en su contra. 

Aunque las investigaciones judiciales no inhabilitan al candidato, dan una posible seña de su conducta. 

En cuanto a la base de datos de la Contraloría General de la Nación, se estableció que al menos 159 candidatos presentaron sanciones fiscales.