El Senado chileno inició este miércoles la tramitación en la Comisión de Trabajo de la reforma de pensiones presentada por el Gobierno, uno de los proyectos estrella del programa del presidente Gabriel Boric.

"El diálogo recién se inicia. El presidente nos ha mandatado a tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, que es el objetivo de esta reforma previsional", dijo la ministra de Trabajo, Jeannette Jara.

La reforma, que se presentó inicialmente en noviembre de 2022, propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones –hasta ahora en manos de empresas privadas– y busca subir la cotización del 10 % actual al 16 %, a cargo del empleador.

El principal punto de fricción es el destino de ese 6 % adicional, que el Ejecutivo quería destinar inicialmente a un seguro social, pero finalmente optó por acoger una fórmula mixta propuesta por partidos de centro derecha que concita más apoyos y que reparte un 3 % al seguro social y otro 3 % a la capitalización individual.

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Tanto la coalición de derecha Chile Vamos como la ultraderecha rechazan la nueva distribución y quieren que el 6 % vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.

"Si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual, eso sería muy complejo, porque significaría que las pensiones no subirían hasta en 25 años más", apuntó Jara.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró la necesidad de que existan recursos adicionales para aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y para que el Estado pueda financiar como empleador el alza del 6 % para la cotización de los funcionarios.

Aparte del aumento de la cotización, la reforma del Gobierno incluye la transición a un sistema mixto y el fin de las AFP como funcionan hasta ahora, además de contemplar posibilidad de que el Estado gestione los fondos, entre otros cambios de calado.

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El sistema de pensiones chileno, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).

En los últimos años, el modelo ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga: la pensión promedio a junio de 2023 fue de 283.455 pesos chilenos para los hombres (321 dólares) y 111.237 pesos para las mujeres (cerca de 126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.

En 2008, se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 % más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas que fue ampliada en 2021 y sustituida en 2022 por la PGU, que entrega una pensión máxima de casi 215.000 pesos (unos 218 dólares).

Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar totalmente el sistema, pero hasta ahora solo se han aprobado reformas parciales.

EFE