Los países que por una un otra razón no han adoptado el pacto migratorio mundial de la ONU están igualmente obligados a garantizar los derechos fundamentales de los niños migrantes y refugiados, dijo hoy Marta Arias, coordinadora de la campaña para niños migrantes y refugiados de Unicef, en una entrevista con Efe.

Arias, que participa en la conferencia intergubernamental de la ONU en la ciudad marroquí de Marrakech, subrayó que el pacto que fue adoptado ayer por más de 150 países aborda de forma concreta la situación de la infancia.

Diez países (Hungría, Austria, Isreael, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Australia, República Dominicana y Chile) rechazaron adoptar el pacto migratorio mundial, mientras Bulgaria, Estonia, Italia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión al respecto y EEUU se desmarcó desde el principio.

Pero aunque no lo hayan firmado, todos estos países están sujetos a las obligaciones relacionadas con la protección de los niños y menores migrantes y refugiados, estipulados por la Convención sobe los Derechos del Niño firmado por todos los países en 1989 con la única excepción de Estados Unidos.

"La convención obliga a todos los estados que la ratificaron a tener siempre en cuenta el interés superior de los niños", afirmó Arias, quien puso de manifiesto la mayor vulnerabilidad de estas personas que dejan sus países, la mayoría de las veces obligados, y muchos de ellos víctimas de explotación laboral y sexual.

Según una encuesta publicada recientemente por Unicef, un 57 % de los niños y jóvenes refugiados y migrantes establecidos en países europeos, asiáticos y africanos ha abandonado su país a la fuerza debido a conflictos o a la violencia.

Además, la mitad de estos niños no tienen acceso a servicios sanitarios.

Arias lamentó la inexistencia de un sistema de datos sobre estos niños "debido a que no se consideran sujetos propios, sino dentro del paquete familiar", lo que no ayuda a gestionar mejor las políticas destinadas a responder a sus necesidades.

Otra dificultad que enfrentan los niños emigrantes en los países de destino son las políticas de detención aplicadas en más de cien países, por su condición de irregulares.

"La detención de los niños es uno de los temas más complejos del fenómeno migratorio. El hecho de haber cometido una infracción administrativa como es la migración irregular no es motivo suficiente para privar a un niño de su derecho a la libertad", subrayó Arias.

Unicef, explica Arias, insta en este sentido a los países a buscar alternativas que les ayuden a "cumplir sus necesidades de control migratorio pero sin que pase por una vulneración de los derechos de los niños".

El acogimiento familiar o centros abiertos figuran entre las alternativas propuesta, ya que permiten la protección de los derechos del niños y la posibilidad de acceder a la educación y los servicios sanitarios.

Arias llamó a los estados a priorizar el interés máximo de los niños, pero además a considerar el "gran potencial" que estos niños migrantes y refugiados tienen.

"Muchos países se han construido en base de la diversidad que trae la emigración. No hay que desperdiciar el enorme potencial de los niños migrantes y refugiados y ofrecerles vías seguras", concluyó.

Según los datos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC por sus siglas en inglés), más de 300.000 niños y niñas migrantes viajaron sin ser acompañados en 2017, una cifra cinco veces mayor que la que se registraba en 2012.

La organización alertó que estos niños son presa fácil de traficantes para su explotación laboral y sexual.

EFE