El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, preso mientras es procesado por una causa de escuchas ilegales, tildó hoy de "locura" que varios querellantes hayan solicitado casi 56 millones de dólares en indemnizaciones.

"Qué locura este juicio político, con las locuras que he escuchado", dijo este miércoles Martinelli en el marco de la audiencia de fase intermedia o acusación que enfrenta por la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones a más de un centenar de personas durante su Gobierno (2009-2014).

En la sesión, cuatro de los seis querellantes pidieron al ex jefe del Estado un resarcimiento que suma casi 56 millones de dólares.

"Si me condenan políticamente es el Estado panameño el que tiene que pagar, porque yo era presidente. ¡Qué locura!", expresó Martinelli, tras reiterar que es "inocente" de todo lo que se le acusa.

Martinelli, de 66 años, se enfrenta a una pena de 21 años según el escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal, Harry Díaz, quien lo sustentó en el marco de esta fase intermedia, que comenzó el pasado 25 de junio y al término de la cual el magistrado juez de Garantías, debe llamar a juicio.

Díaz pide para Martinelli 4 años de cárcel por el delito de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; 4 por persecución y vigilancia no autorizadas, tres años por peculado de uso, y 10 años por peculado por sustracción o malversación.

Martinelli está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país, aunque su defensa asegura que solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición, aprobada con base en el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral.

EFE