La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia citó a declarar a seis exjefes de las FARC por hechos de violencia de género cometidos contra hombres y mujeres adultos dentro de las filas de esa antigua guerrilla entre 1990 y 2015.

La JEP explicó que llamó a declarar a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo por "las funciones de dirección y control que ejercieron desde el último Secretariado de las FARC-EP", particularmente sobre la regulación de la vida de sus integrantes adultos.

Los seis excomandantes deberán aportar información sobre las conductas investigadas y las circunstancias en que ocurrieron, en un proceso que busca establecer las responsabilidades correspondientes.

El llamado hace parte del Caso 11, Subcaso 3, en el que la JEP ha documentado preliminarmente 62 hechos y 30 víctimas directas, relacionados con violencias sexuales, reproductivas y por prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

La Sala de Reconocimiento de Verdad también citó a rendir versión a Sandra Ramírez Lobo Silva, exintegrante de las FARC, dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado y otros crímenes cometidos contra ellos durante su permanencia en las filas.

En este caso, la JEP busca profundizar y contrastar la información sobre la trayectoria de Ramírez Lobo, las funciones que desempeñó en la guerrilla y su eventual capacidad de influencia o poder de facto, así como su posible conocimiento o intervención en las violencias cometidas contra menores, incluidas las sexuales y reproductivas.

La Sala también examinará si su relación personal con Pedro Antonio Marín Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez, fundador y máximo comandante de las FARC, junto con las funciones que desempeñó y su trayectoria en la organización, le confirieron una posición de poder respecto de otros integrantes y cuál habría sido su alcance efectivo.

La convocatoria de Ramírez Lobo ocurre en la etapa final de contrastación de la segunda estrategia investigativa del Caso 07, que busca determinar las máximas responsabilidades regionales por las violencias sufridas por niños y niñas durante su permanencia en las filas de las FARC.

La investigación aborda cuatro patrones: tratos crueles, tortura, homicidio y juicios sin garantías; violencias reproductivas; violencias sexuales; y violencias por prejuicio contra menores con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas.

En la primera estrategia del Caso 07, la JEP determinó en octubre de 2024 que los seis integrantes del último Secretariado eran máximos responsables por liderazgo y les imputó crímenes de guerra relacionados con cinco patrones macrocriminales, entre ellos el reclutamiento y utilización de menores y diversas violencias cometidas contra ellos.

En marzo de 2026, otros 20 exintegrantes de las FARC fueron imputados como máximos responsables regionales.

La JEP aclaró que la versión voluntaria no constituye una imputación ni determina responsabilidad, sino que permite contrastar los relatos de las víctimas, las versiones de los comparecientes y otros elementos antes de adoptar decisiones sobre posibles responsabilidades.

En el Caso 11, la investigación ha identificado además 16 hechos de violencia sexual, 35 de violencia reproductiva y 11 de violencia por prejuicio. Los hechos fueron documentados en distintos departamentos y estructuras de las antiguas FARC, y la JEP busca establecer si pudieron ser determinados o controlados desde el Secretariado.

A la fecha, 11.277 personas han sido acreditadas como víctimas en el Caso 07, de las cuales 2.250 son víctimas individuales y 9.027 participan colectivamente por la acreditación de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.

EFE