Una docena de expertos y distintos grupos de trabajo en derechos humanos de la ONU pidieron este jueves a las autoridades de Venezuela que eliminen las restricciones que dificultan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, a las que consideran un actor "indispensable" en la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio y en la atención a las comunidades afectadas.

Los expertos señalaron que organizaciones de derechos humanos, redes vecinales, asociaciones comunitarias y entidades internacionales están participando a la par en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la asistencia directa a las víctimas y la distribución de medicamentos y suministros esenciales.

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"Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta", dijeron los expertos, que reclamaron que esta labor sea reconocida por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.

Mencionaron como uno de los aspectos que genera más preocupación la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que obliga a las entidades a realizar trámites de inscripción o reinscripción en un registro estatal.

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Según los expertos, estos procedimientos se han convertido en un obstáculo para muchas organizaciones debido al "silencio administrativo" de las autoridades, lo que puede poner en riesgo su funcionamiento y congelar de forma arbitraria su personalidad jurídica.

También señalaron que las normas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) someten a las oenegés a una supervisión considerada excesiva respecto a otros actores, además de dificultar la recepción y gestión de recursos, incluidos los procedentes de organizaciones internacionales.

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Los expertos pidieron a Venezuela facilitar las transferencias de efectivo a personas damnificadas y que las fuerzas de seguridad protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda y los centros de acopio, lo que serían acciones habituales en cualquier otra situación de crisis humanitaria.

EFE