La Policía española investiga el suicidio en Madrid de una mujer de 32 años tras hacerse viral un vIdeo suyo grabado hace cinco años con contenido sexual.

La mujer, casada y madre de dos hijos, se quitó la vida  al no superar la presión que supuso que las imágenes se difundiesen entre gran parte de la plantilla de la empresa en la que trabajaba e incluso llegaran a su marido.

La Policía investiga si fue ella la que grabó el vídeo o si lo hizo alguien con su consentimiento o sin él, así como quienes fueron los autores de la difusión, que podrían enfrentarse a un delito contra la intimidad.

El Código Penal español castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Los trabajadores de la fábrica, en la que trabajaba la fallecida, que cuenta con una plantilla de 2.500 personas, se concentraron este miércoles en repulsa por su muerte.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció en un comunicado que denunciará a la empresa por no activar el protocolo de acoso sexual en el caso de la trabajadora, ya que considera el caso como un accidente laboral.

Según el comunicado, el sindicato se puso en contacto con ella una vez conocida la difusión del vídeo para informarle de que podía denunciar por vulneración del derecho a la intimidad y por violencia de género, pero ella no quiso.

El de Verónica no es el primer caso de esas características en España. En 2016 un jugador y dos exjugadores de un equipo de fútbol de las categorías inferiores del País Vasco (norte) fueron procesados por difundir un vídeo de contenido sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparecía en las imágenes. 

Ese caso, que tuvo una alta relevancia mediática, se encuentra en instrucción judicial.

EFE