De las calles copadas con masivas manifestaciones al inicio de la redacción de una nueva Constitución paritaria y participativa: esta ha sido la travesía que Chile inició hace dos años, interpretada por algunos sectores como una proeza democrática y vista por otros con cierto escepticismo.

Era 18 de octubre de 2019 cuando un grupo de estudiantes hizo un llamado a protestar contra la subida del precio del billete de metro, gatillando así una ola de protestas por la igualdad que se convirtió con el paso de los meses en la mayor crisis social en los 31 años de democracia en el país.

Nadie imaginaba entonces que ese gesto de rebeldía abriría un nuevo capítulo en la historia de Chile, ni que en la misma fecha, 18 de octubre, pero dos años después, se iniciaría la redacción de una nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.

El primer paso de la travesía fue un histórico pacto entre todas las fuerzas políticas, que buscaba amainar las masivas marchas abriendo la posibilidad de enterrar la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y vista por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país.

"Desde entonces se ha logrado seguir un itinerario concreto, con fechas establecidas y con una convención muy diversa en términos sociales", señaló a Efe Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca.

"El camino recorrido es una lección que Chile puede entregar al mundo", agregó.

El órgano, el primero paritario de mundo y con 17 escaños para indígenas, está conformado por un gran número de candidatos independientes (48 de los 155 asientos), cuyo éxito electoral se interpretó como el rechazo a los partidos tradicionales.

El abogado y académico Fernando Atria, uno de los rostros de izquierda más reconocidos de la constituyente, afirmó a Efe que la redacción de una nueva Carta Magna tiene como objetivo transformar una "fuerza destituyente" (la de las marchas) "en una fuerza constructiva, que sirva para crear un nuevo pacto social".

Redactar una nueva Constitución y dejar atrás la actual, de origen dictatorial, también es interpretado por "un sector de la población como el cierre del capítulo de la transición a la democracia que comenzó hace 30 años", agregó Atria.

Hernán Larraín, constituyente del pacto oficialista Chile Vamos (derecha), agregó por su parte que el órgano "ha trabajo con convicción para proponer un texto que permita iniciar un camino de convivencia pacífica que sea la casa de todos".

"Existen todas las condiciones para que de este proceso inicie un nuevo ciclo político", señaló a Efe.

Pese a que sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, la convención ha ido perdiendo aprobación con el paso de los meses, por los roces entre izquierda y derecha y por varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados a las protestas.

Es una "buena señal" que en tan solo tres meses desde su instalación, los constituyentes hayan logrado aprobar el reglamento, sostuvo Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.

Sin embargo, "será imprescindible que mantengan un puente hacia la ciudadanía" y que "trabajen juntas la derecha y la izquierda para establecer unas reglas válidas para todos", consignó.

El órgano tiene entre nueve meses y un año para redactar el texto, que deberá ser ratificado en un plebiscito de salida que tendrá lugar, previsiblemente, en 2022.

Para Morales "el futuro del país y del proceso constituyente es incierto, particularmente sobre dimensiones clave para la economía, como el trabajo e inversión", especialmente tras la pandemia.

Pese a que las cifras de recuperación y empleo de los últimos meses son alentadoras, Chile atraviesa una crisis inflacionaria inédita que llevó al Banco Central a elevar las tasas de interés hasta el 2,75 %, en parte por las medidas económicas durante la crisis sanitaria que conllevaron una fuerte inyección de liquidez.

En paralelo, el país vive un clima de gran inestabilidad institucional y política, con un presidente, Sebastián Piñera, que goza de un apoyo mínimo, del 20 % según las últimas encuestas, y que ha sido recientemente señalado en los papeles de Pandora, lo que ha provocado algunas protestas en Santiago y el inicio de un juicio político en el Parlamento.

Pese a los dos años de avances en materia constituyente, todavía son muchas las heridas que permanecen abiertas.

Uno de los temas más candentes es el indulto a los manifestantes que fueron detenidos durante las marchas, que según cifras del Ministerio Público son 25.

Familiares de detenidos y asociaciones llevan meses clamando en las calles y denunciando un abuso de la prisión preventiva, mientras que la postura del Gobierno ha sido tajante desde el primer momento, señalando que "en Chile no hay presos políticos".

En paralelo, el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señaló que de las más de 3.000 querellas presentadas contra agentes del Estado por delitos cometidos en el marco de las protestas, solo hay cuatro condenas.

"A dos años del inicio de la crisis (social), el Estado de Chile no cumple con sus deberes. El panorama nos resulta desolador", agregó Sergio Micco, director de la institución.

Mery Cortez, madre del estudiante Romario Veloz, asesinado presuntamente por un militar, lleva dos años recorriendo tribunales, el Parlamento e incluso la convención constituyente para exigir "justicia".

"El Gobierno se lavó las manos y no ha hecho nada. Han pasado dos años y todavía no hay nadie en la cárcel. Mi nieta no tiene ni padre ni un sustento", lamentó a Efe.

EFE