Cuestionada o simplemente ignorada por muchos, incluidos numerosos dirigentes políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple hoy setenta años, un aniversario que llega en circunstancias que más que a una celebración dan lugar a una reflexión sobre su vigencia y la voluntad real de cumplirla.

Un día como hoy de 1948 fue adoptado este documento, producto de la devastación causada por dos guerras mundiales, la Gran Depresión de los años 30 y el Holocausto, fecha que coincide con sendas conferencias internacionales sobre migración y cambio climático, dos temáticas con impacto directo en los derechos humanos.

Según la Declaración, "toda persona tiene los derechos y libertades" que ésta proclama "sin distinción alguna", incluyendo el origen nacional, un principio que varios responsables políticos occidentales se rehúsan a cumplir en el caso de los inmigrantes y refugiados.

Quizás para llamar la atención hacia este problema, la alta comisionada para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha decidido pasar este lunes en Marrakech, donde se ha adoptado el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular, que legalmente no fuerza a los países a nada y cuyo cumplimiento dependerá de su buena voluntad.

A pesar de ello, países de la importancia de Estados Unidos, Chile, Italia, Israel y Australia, además de varios centroeuropeos, lo han rechazado y criticado, muy probablemente como una forma de revalidar sus políticas o planes nacionales antiinmigración.

No en vano, Bachelet ha dedicado en su declaración sobre este aniversario un pasaje a los líderes políticos "que parecen haber olvidado" la esencia de la Declaración.

"Necesitamos rectificar esto y no sólo por hoy, en el aniversario de la Declaración, sino cada día y cada año... Hemos nacido libres e iguales, pero millones de personas en este planeta no se quedan ni libres ni iguales, su dignidad es pisoteada y sus derechos violados a diario", ha subrayado.

En Katowice (Polonia), en uno de los países opuestos a ese Pacto, se celebra estos días una Cumbre sobre cambio climático, un fenómeno con claras repercusiones directas sobre los derechos como a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud al provocar desplazamientos forzados, hambre y pobreza.

La Cumbre debería concluir con la aprobación de una hoja de ruta para cumplir los compromisos del Acuerdo de París de 2015, pero hay fuertes dudas de que se logrará el resultado deseado ante el escepticismo y la falta de voluntad de varios Estados que son clave para que cualquier acuerdo funcione.

En el tiempo de vida de la Declaración, los conflictos internacionales han sido reemplazados por los internos, alimentados por divisiones nacionales, étnicas y religiosas, pero casi siempre con un trasfondo de intereses políticos y económicos, como los de Yemen, Afganistán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Siria o Ucrania.

Sus detractores afirman que en éste, como en otros sentidos, la Declaración se ha mostrado ineficaz al no haberse podido evitar la multiplicación de conflictos que han desarraigado a millones de sus hogares.

Sin embargo, preguntada sobre qué cambiaría de la Declaración, Bachelet ha dicho convencida que nada, pues en su opinión incluso traza los principios para afrontar situaciones que no se podían prever cuando fue redactada, como las consecuencias del cambio climático y el surgimiento del mundo digital y de la inteligencia artificial.

Su carácter pionero se revela también en la manera en que evitó un lenguaje sexista al referirse siempre a "todos", "cada uno" o "nadie", así como rechazar cualquier tipo de discriminación contra aquellos que tienen "otro estatus".

Esa referencia ha servido para extender su protección específica a colectivos como los LGBT, los discapacitados o los pueblos indígenas.

Los ataques que en los últimos años vienen sufriendo los defensores de los derechos humanos en el mundo, desde Filipinas hasta México o Colombia, entre otros varios países, es también un recordatorio de que no se puede flaquear en los esfuerzos.

Expertos en derechos humanos de la ONU acaban de recordar al respecto que, en promedio, una persona fue asesinada cada día entre 2015 y 2017 por levantar su voz en defensa de los derechos humanos.

EFE