La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial, establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos "los traidores a la patria", el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

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Tampoco "quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado".

Asimismo, "los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que insisten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos".

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También, quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política, según el texto.

Además, las personas que incurran en las prohibiciones descritas no podrán integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

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Esta nueva reforma constitucional impulsada por el copresidente Daniel Ortega, de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero - 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

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La reforma parcial a la Constitución también establece que el período establecido para los cargos de elección popular será de siete años, lo cual aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y al jefe del Ejército y de la Policía.

La Asamblea de Nicaragua aprobó esas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país "no volverá a haber elecciones".

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Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

EFE