Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) "la captura y detención inmediata" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.

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"Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (...) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela", dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.

Hoy aquí en la Haya, he solicitado formalmente a la Corte Penal Internacional la captura y detención de @NicolásMaduro, @dcabellor y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de estado en #Venezuela. pic.twitter.com/0T0qyhrzTT

— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 6, 2024

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.

Treinta y un ex jefes de Estado y de Gobierno que integramos el @IDEA_Grupo informamos a la @CourPenaleInt sobre las responsabilidades de las unidades operacionales de la Fuerza Armada Bolivariana, al mando del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad,… pic.twitter.com/trQYkgLQyx

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 6, 2024

"Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero", destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico "violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos", incluidos "los crímenes de lesa humanidad", del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de "terrorismo de Estado".

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.

En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.

Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.

El "núcleo" del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.

"Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar", señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es "directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional", así como los demás cargos, ya que "la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones".

"Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República", sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir "evidencias, pruebas, respaldo legal" para que pueda actuar "rápido" en la causa contra Venezuela.

En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso "llamar la atención de lo que estaba pasando" en el país y de la "preocupación" por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es "muy frágil", así como de los "más de 1.200 detenidos políticos". EFE

EFE.