Cerca de 4.000 metros cuadrados de selva fueron arrasados en 2015 en mitad del Amazonas, en el municipio colombiano de Puerto Nariño, para construir una granja solar que beneficiaría con energía eléctrica a tres comunidades indígenas. Sin embargo, a día de hoy, ese proyecto no les ha permitido encender ni un bombillo.

En ocho años ese proyecto ha tenido 7 suspensiones, 17 ampliaciones y 8 prórrogas avaladas por la interventoría y que, según la Contraloría General de la República, están en alto riesgo de quedar como ‘elefantes blancos’. Mientras tanto, el parche deforestado en la ribera del río Amazonas sigue intacto.

Esto ha generado que el ambiente de las comunidades indígenas de Macedonia, San Martín de Amacayacu y 20 de Julio, que viven en esta zona selvática del departamento colombiano de Amazonas, haya tomado tintes de decepción, pues aseguran haber confiado su selva a un proyecto que, hasta el momento, solo ha destruido lo más sagrado que tienen: la naturaleza.

“Esto es muy triste. La empresa dejó todo abandonado, los paneles se están pudriendo y muchos implementos se los han ido robando. Hemos hecho mingas (protestas) comunitarias para tratar que esto no se pudra más, pero ha sido imposible. El abandono es total”, precisa a EFE Clever Talanta, curaca de la comunidad indígena 20 de Julio.

El líder indígena también afirma que los contratistas salieron del lugar y no cancelaron algunas obligaciones que tenían con la comunidad que hoy espera respuestas.

“Les deben a varios trabajadores que pusimos en la zona, hombres y mujeres, que ahora necesitan su dinero para salir adelante. Aquí no dejaron nada, solo un bosque talado y cero energía”, puntualiza.

Esta granja solar tiene un avance del 68,74 %, tuvo un valor inicial de 26.869 millones de pesos (6 millones de dólares), pero se le hicieron adiciones por 2.866 millones de pesos (640.000 dólares) para un costo total de 29.736 millones de pesos (6,7 millones de dólares), no obstante, no ha producido un kilovatio de energía.

“Es urgente decirles a las autoridades que vengan a terminar esto, no podemos quedar con un ‘elefante blanco’ en nuestro territorio, sentir que nos robaron la ilusión de salir adelante, recibir turistas y contar con energía eléctrica”, asegura Urbano Ferreira, indígena de la zona.

Este hecho también fue denunciado por el congresista del oficialista Pacto Histórico Alejandro Ocampo quien aseguró que desde la Cámara de Representantes se le pedirá explicaciones a la empresa responsable por la ejecución del proyecto.

“Uno de los compromisos que adquirimos con la gente es el de hacer presencia en el territorio y seguimos de cerca lo que pasa con esta granja solar, a escasos metros del río Amazonas y muy cerca de la frontera con Perú. Las comunidades deben tener respuestas ya”, insiste Ocampo a EFE.

Ahogados por el diésel

Al no estar interconectado con el sistema de energía a nivel nacional, y ante la falta de soluciones de energías limpias, el departamento de Amazonas cuenta con dos grandes plantas que funcionan las 24 horas con combustible diésel para abastecer a sus comunidades.

La primera queda en la capital departamental, Leticia, y su consumo supera los 2,5 millones de galones al año; la segunda, en Puerto Nariño, una población cercana a la capital y comunicada por río que está muy cerca de las comunidades afectadas por la granja solar abandonada.

Los lugareños aseguran que el estruendo constante de estas plantas genera perturbación en la fauna y flora, mucho más por estar cerca del río Amazonas y al lado de los caseríos (aldeas).

“El diésel nos está matando, eso hace mucha bulla y contaminación. Necesitamos las energías limpias, que terminen los páneles solares, pero que por favor, no roben a estas comunidades, aquí también queremos progresar”, concluye el curaca del 20 de Julio.

EFE