En las comunidades del río Baudó, en el noroeste de Colombia, hay un miedo constante. Miedo a ir a cultivar a la finca y quedar en medio de un enfrentamiento armado, a ir a cazar a la selva y pisar una mina antipersonal, a salir al río de noche a pescar... Y por eso, desde hace meses, viven confinados.

En el Alto Baudó chocoano, como en tantos lugares de Colombia, no se habla de “ellos”, de quienes controlan la zona e imponen las normas. De ese otro Estado. Un peligroso secreto a voces con el que conviven desde hace años, a pesar de las negociaciones que se lleven a cabo en Bogotá, La Habana o Caracas.

Tres letras dan la bienvenida a Puerto Meluk, el pueblo de entrada al río: AGC, las iniciales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, herencia de los paramilitares que nunca llegaron a desmovilizarse. Unas siglas que se repiten en las fachadas y puertas de todo el pueblo para recordar quién manda.

Una vez en el río, donde la selva va echándole un pulso al agua, ya no hay pintadas, pues es un terreno en disputa donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla de Colombia, también quiere mandar.

Allí, en esa espesa selva montañosa donde no hay carreteras y la única conexión con el mundo es el imponente río Baudó, no llega el Estado, y justamente por eso es un valioso resguardo para grupos armados que perturban la vida de los que históricamente viven ahí: pueblos indígenas y afrodescendientes.

“Si no tuviéramos a esa gente, vivíramos muy bien”, dice a EFE el gobernador indígena de uno de los resguardos más recónditos que prefiere no dar su nombre por las amenazas.

EFE