En el hospital Ismael Roldán de Quibdó llevan nueve meses sin cobrar, pero si dejan de trabajar, todo el departamento del Chocó se quedará casi sin atención. El otro hospital público de la ciudad fue intervenido hace tres años por el Estado por malos manejos. Ambos problemas muestran la crisis sanitaria que la reforma del Gobierno busca remediar. 
 
Los pacientes se amontonan en las salas de espera y las camillas de los pasillos, médicos y enfermeras no dan abasto, pero como recuerda a EFE la gerente, Osiris Casas, el hospital Ismael Roldán "ha venido trabajando con las uñas" y necesitan "apoyo para poder garantizar el buen uso de los recursos". 
 
La población Quibdó, capital del Chocó (el departamento con la segunda tasa de pobreza del país) ronda los 130.000 habitantes, pero este hospital, de medicina primaria y preventiva y sin capacidad de intervenciones de cirugía o especialidades como el otro público de la ciudad, el San Francisco de Asís, atiende a una población urbana potencial de unos 66.000 habitantes. 
 
Se les suma los que llegan de otras partes del departamento, que supera el medio millón en el censo. 
 
Los pacientes con patologías complejas acaban siendo remitidos a duras penas a Medellín, que queda a 230 kilómetros por una carretera con continuos derrumbes y que vive cerrada. Por lo que quedan abocados a retrasos en su tratamiento y complicaciones en los desplazamientos. 
 
Necesidades constantes 

Ante el cierre temporal del hospital San Francisco de Asís -a cuyos interventores la Superintendencia de Salud no autorizó a hablar con EFE-, la presión sobre el hospital Ismael Roldán se ha multiplicado. 
 
"Todas las demás instituciones, en su mayoría privadas, derivan los pacientes al hospital público, incluso al saber que no estamos preparados para atender ciertos niveles de complejidad", explica a EFE Tulio Ramos, jefe de Urgencias. 
 
Con una capacidad de unas 50 camas, entre planta para adultos, pediatría, maternidad y urgencias, el panorama del último hospital público de esta región colombiana está muy lejos de las necesidades de la población que, aunque ronda los 66.000 usuarios, en la práctica atienden a la mitad de la población del Chocó. 
 
El sistema y la Reforma 
 
El actual sistema sanitario es mixto y complejo, y depende de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), privadas o público-privadas, que garantizan y gestionan los servicios. 
 
Estas EPS contratan a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS); les asignan fondos en función de cuantas personas tengan afiliadas y son las que atienden directamente a los pacientes. 
 
Esta tercerización provoca grandes desigualdades en el acceso a salud, principalmente porque las EPS e IPS se acusan mutuamente de no pagar por los pacientes y los hospitales públicos, como el Ismael Roldán, quedan endeudados pero con la necesidad de ofrecer atención básica. 
 
La reforma de salud que plantea el Presidente Gustavo Petro, no exenta de críticas y estancada por desavenencias y escándalos políticos, busca eliminar esa intermediación y dotar de los recursos necesarios directamente a los hospitales e IPS. 
 
En su planteamiento pretende que alrededor del 80 % de los recursos estatales pasen directamente a manos de los hospitales e IPS; que éstas tengan los recursos necesarios directos para atender a los pacientes. 
 
También que haya más control sobre los proveedores y eliminar intermediarios. Las EPS no desaparecerían, y pasarían a ser gestoras administrativas de los afiliados. 
 
Las cuentas 
 
"La situación financiera de la entidad es bastante crítica. Nuestros gastos que nos toca asumir mensuales son mayores que nuestro nivel de recaudo. En la actualidad tenemos una facturación de 1.457 millones de pesos (unos 340.000 dólares) de los cuales alcanzamos a recaudar 1.100 millones (unos 256.000 dólares)", detalla Sandra Casas, subgerente de la entidad. 
 
Así, el hospital Ismael Roldán, acumula una deuda de 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) de los cuales el 50 % corresponde a la deuda adquirida por el impago salarial de su plantilla. 
 
"Todo asalariado necesita que le paguen puntual, pero todos entendemos la situación del modelo de salud que de alguna u otra manera ha perjudicado a esta situación financiera de todos los hospitales de Colombia", insiste Casas, que pide ayuda para aplacar la deuda. 
 
Casas ve con optimismo lo que pueda acarrear la reforma de Petro y que hospitales como el suyo dejen de depender de terceros y reciban directamente el dinero del Estado. 
 
"Yo creo en la reforma de la salud, si los dineros llegan directamente a los hospitales sin intermediarios, y los hospitales se convierten en hospitales, no en empresas del Estado, pienso que ahí podemos salir de esta situación. La reforma puede traer un impacto en especial a estos hospitales públicos", concluye.  

EFE