La Defensoría del Pueblo catalogó los hechos de violencia que se presentaron en el Catatumbo este año como la "más grande emergencia humanitaria del país desde que se tiene registro oficial", al dejar 64.783 desplazados, 12.913 confinados y 117 homicidios.

La Defensora Iris Marín Ortiz presentó hoy en Cúcuta el informe ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario', en el que también hace eco de las violaciones al derecho internacional humanitario por hechos derivados del accionar indiscriminado del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

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Para la Defensoría el dato que refleja la magnitud de lo ocurrido es que durante 2024 se presentaron 25.611 desplazados en todo el país, mientras que entre enero y abril se presentaron en el Catatumbo 39.172 casos más.

El órgano señaló que fueron identificados tres escenarios de riesgo en el Catatumbo:

-Intensificación de la disputa territorial: Los municipios de Tibú y El Tarra tienen el más alto nivel de violencias, que incluye uso de métodos de guerra no convencionales.

-Consolidación territorial del ELN: Consolidó su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata para ejercer control social y limitar libertades básicas.

-Riesgo de ingreso a la zona del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): Podría expandir su operación militar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio al Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo denunció otros hechos alarmantes en la región como el uso de drones explosivos, minas antipersonales, el uso de armamentos en inmediaciones de escuelas y zonas pobladas, violencia sexual, trata de personas, trabajo forzado, reclutamiento de menores (al menos 42 casos), desprotección a los firmantes de paz y líderes sociales, así como los ataques contra comunidades indígenas, particularmente al pueblo Barí.

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Asimismo, señaló que solo quedan 41 firmantes de paz en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio, a pesar de que en diciembre de 2024 estaban 464. 

223 núcleos familiares de firmantes han sido desplazados, 172 están en situación de confinamiento y 18 han sido trasladados por razones de seguridad.

Las recomendaciones de la entidad es que la Unidad de Víctimas caracterice a los afectados, su ubicación y sus necesidades, así como el fortalecimiento  de la Fuerza Pública y reforzar la protección a firmantes y líderes sociales.

También pidió claridad de la zona de ubicación temporal (ZUT) para el Frente 33 de las disidencias de las FARC, anunciado por el Presidente Petro la semana pasada.