La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado a bala que dejó heridos a los dragoneantes de la Penitenciaría El Bosque, Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, en el barrio San Martín, en Barranquilla.

Los funcionarios del Inpec habían salido de turno cuando fueron atacados por dos sicarios en moto, la noche de este sábado.

"Expresamos nuestra solidaridad con los dragoneantes, sus familias, compañeros y con las autoridades del Gobierno amenazadas. Estas se presentan en un contexto en el que el alto Gobierno ha adoptado medidas conducentes a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas penitenciarias para todas las personas sometidas a privación de la libertad, las cuales han incluido traslados de centros penitenciarios de personas privadas de la libertad", señaló la Defensoría.

Puntualizó que las "amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades". 

"Sin embargo, estas medidas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y en la potestad penitenciaria que ejerce el Estado: son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales", manifestó.

"Los nuevos hechos se suman a una cadena de violencias en el sistema penitenciario y carcelario que incluye el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los atentados perpetrados en 2025 contra funcionarios del Inpec que cobraron la vida y afectaron la integridad de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva. Su persistencia evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección del personal penitenciario y de sus familias", agregó.

La Defensoría reiteró su disposición a contribuir para que las medidas de seguridad y control penitenciario sean efectivas, estén debidamente planeadas y contemplen los riesgos asociados a su implementación, con pleno respeto de los derechos humanos de todos los actores del sistema.

Con ese propósito, le recordó las siguientes recomendaciones a las autoridades:

- Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Inpec: Avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección del personal penitenciario. Este plan debe incluir valoración individual de riesgos, medidas de protección para los servidores y sus familias dentro y fuera de los establecimientos, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicosocial y jurídico.

- Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Inpec: Fortalecer el plan de seguridad penitenciaria con medidas objetivas, motivadas y proporcionales que permitan mantener el orden y el control. El plan debe considerar los riesgos de las personas privadas de la libertad, el impacto de los traslados, las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de esta población y de sus familias. También debe contar con responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento.

- Al Inpec y a la Policía Nacional: Reforzar los protocolos de seguridad de los traslados para proteger tanto al personal encargado de ejecutarlos como a las personas privadas de la libertad.

- A la Fiscalía General de la Nación: Investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y judicializar a los responsables.

- Al Inpec: Brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a los dragoneantes heridos en Barranquilla y a sus familias.