La Unidad Nacional de Víctimas (UNP) emitió un comunicado en la tarde de este jueves, en el que explica por qué le fue retirada la medida de protección a Bernardo Cuero Bravo, líder social nariñense asesinado en la noche del pasado miércoles en Malambo y quien había denunciado amenazas contra su vida.

Cuero había tenido que desplazarse por la violencia desde Tumaco (Nariño) y había llegado al departamento del Atlántico en 2003. El asesinato ocurrió dentro de la vivienda del líder, en la carrera 2Sur3 con calle 4, en el barrio Villa Esperanza, del vecino municipio.

En el documento emitido a la opinión pública, la UNP hace un recuento de los hechos y explica que el 13 de septiembre de 2013 le fue asignada una “medida de protección, a través de trámite de emergencia, consistente en medio de comunicación (celular), chaleco antibalas y apoyo de reubicación para salir de la zona de riesgo”.

Después de ahí hicieron cuatro evaluaciones de riesgo que lo ponderaron como “ordinario”. La última fue validada el 30 de noviembre de 2016 por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

Sobre la decisión, la UNP dice que tomaron como base que el riesgo para el líder de víctimas “se derivaba de una circunstancia personal y no estaba relacionada con el conflicto armado”.

Explican que llegaron a esa conclusión “ya que el señor Cuero manifestó en las entrevistas que su situación de riesgo estaba ligada a un conflicto con un vecino del sector donde residía (…) en la entrevista se manifestó haber tenido enfrentamientos verbales y riñas”. 

La entidad estatal señala que esa circunstancia y la identidad del vecino con el que Cuero tenía el conflicto “fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes en su momento”. 

Por último, la Unidad Nacional de Protección dice estar atenta a la apertura de cualquier investigación “para aportar la información del estudio de riesgo, así como el nombre y apellido de la persona que relacionó el señor Cuero, para que se verifique si existe alguna relación con el lamentable asesinato”.

Además, al interior de la UNP se ordenó verificar la atención que en su momento se le dio al caso para corroborar que se cumplió adecuadamente con los procedimientos de la ruta de protección. 

Este comunicado contrasta con el emitido por la Defensoría del Pueblo, en el que señala que en su informe de riesgo ‘Violencia y amenaza contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos’, publicado el 30 de marzo de 2017 (hace poco más de dos meses), se advirtió del peligro en el que están al menos 500 personas defensoras de derechos humanos en Barranquilla y área metropolitana, e integrantes de la Mesa de Víctimas departamental.

Entre las personas incluidas en la lista estaba Bernardo Cuero Bravo, “sin embargo, a pesar de las recomendaciones elevadas a las autoridades, se registró el violento hecho”, dice el documento.