Un total de 282 familias del municipio de Segovia, perteneciente al departamento de Antioquia, fueron atendidas por la Unidad para las Víctimas con el objetivo de "garantizar su subsistencia" ante la disputa violenta de varios grupos armados en la zona, informó este lunes esa entidad en un comunicado.

"Entre los campesinos e indígenas de Segovia persiste el temor por los enfrentamientos armados, las restricciones a la movilidad, las minas antipersona y las amenazas que los mantienen sin poder regresar a sus veredas y confinados en un resguardo", señaló el comunicado.

Ante este conflicto, la Unidad para las Víctimas llegó hasta la vereda Rancho Quemado, a cuatro horas de Segovia, para ayudar con 20 toneladas de víveres, artículos de albergue y alimentos a unas familias que sufren "las pérdidas de cosechas y animales que quedaron solos en las fincas", indicó el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Jagua, William Uribe Rodríguez.

Además, en la zona existen problemas de salud y desescolarización porque la escuela fue ocupada temporalmente por personas que en estos momentos reciben ayuda de la misión humanitaria.

Durante este año han aumentado los enfrentamientos en la región entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 'Clan del Golfo' (el mayor grupo criminal del país) y las disidencias de las FARC, a lo que hay que sumar las intervenciones militares contra estos grupos armados.

Por ello, en las zonas rurales de Segovia se han reportado en los últimos meses "homicidios, secuestros, combates, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal de menores y uso de minas antipersonal", confirmó la Unidad para las Víctimas.

Las víctimas desplazadas por este conflicto coinciden en que necesitan seguridad y garantías para volver a sus casas y retomar su vida dedicada a la agricultura, la ganadería y la minería.

Ayuda a comunidades indígenas 

En una zona remota del municipio de Segovia, en el resguardo Tagual La-Pó, también perteneciente a Antioquia, 521 indígenas recibieron ayuda humanitaria de esta entidad gubernamental.

"Ya casi no teníamos alimentos porque llevamos dos meses confinados por los grupos armados y no podemos salir a la pesca ni de cacería", lamentó Rafael, beneficiado por estas ayudas.

No obstante, y en palabras del gobernador Emiro Gutiérrez, los habitantes no tienen pensado abandonar sus casas y quieren defender su territorio.

Entre enero y agosto de 2023 ya han sido atendidas con ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas 14.341 familias (37.943 personas) desplazadas o confinadas por la violencia.

EFE