Una empresa de energía utilizada para el lavado de activos, un dirigente político que entregaría dinero para una campaña y la manera cómo se utilizó una fundación para manejar contratos, hacen parte de los enredos de Nicolás Petro ante la Fiscalía que investiga al hijo del Presidente por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.

En todos los hechos mencionados este martes por la fiscal Lucy Marcela Laborde, hay dinero de por medio.

No conforme con el salario neto de 16.000.000 de pesos que para la época (2022) devengaba como diputado del Atlántico, Nicolás Petro, el hijo del Presidente de la República, también buscaba ingresos adicionales a través de contratos que gestionaba ante la Gobernación del Atlántico.

Máximo Noriega

El exdiputado del Atlántico, Máximo Noriega, ha negado ante la Procuraduría y la Fiscalía haber sido la persona que recibió dineros de dudosa procedencia para incorporarlos a la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Recientemente, tras una declaración ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan la financiación de las campañas del Representante a la Cámara Agmeth Escaf, y el senador Pedro Flórez, Máximo Noriega dijo a Zona Cero que jamás había sido “administrador de recursos de campaña". “He sido dirigente político".

Incluso, el entonces coordinador en Atlántico del Pacto Histórico responsabilizó a los investigadores de la Fiscalía  Juan Camilo López Linares y Víctor Alfonso Forero Cortés, de ser los responsables de esa versión periodística. 

Sin embargo, este lunes, la fiscal Lucy Marcela Laborde señaló que los chats entre Daysuris del Carmen Vásquez Castro y Máximo Noriega, “probarán cómo este último le entregaría dinero a Nicolás Fernando Petro Burgos para la compra de un inmueble en Villas de Palmarito, en Tubará, Atlántico”.

“Nicolás y Daysuris eran quienes buscaban el dinero para una campaña electoral y para la compra de la casa en Villa de Palmarito”, agregó la fiscal.

“Eran pagos para una campaña electoral en curso”, añadió.

Grupo de Energía Delta limitada

En la audiencia preliminar de juicio de este martes también salió a relucir el nombre de una empresa de energía.

Se trata de la compañía Grupo de Energía Delta limitada, entidad que estaría siendo utilizada para el lavado de activos por parte del exdiputado del Atlántico, según dijo la fiscal Lucy Marcela Laborde.

La representante del ente investigador pidió al juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó que se incorpore “toda la información que se tiene sobre la clase de contratación que tendría esa empresa, el vínculo laboral, el cargo, y asignación salarial”.

La fiscal consideró pertinente esta prueba “toda vez que de la actividad investigativa se concluye que el señor Nicolás Petro no tuvo vínculo con  esa empresa, según certificación de la empresa”.

“Con esta prueba, la Fiscalía General de la Nación, probaría su teoría de demostrar que Nicolás Petro daba apariencia de legalidad a los dineros que presuntamente adquirió en forma ilícita, puesto que no fueron percibidos de su única actividad lícita como diputado del Atlántico”.

Fucoso

Al presentar el análisis de la información extraída de los celulares de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez Castro, la fiscalía reveló detalles de la gestión de Petro Burgos ante la Fundación Conciencia Social, Fucoso.

Dichos dineros, “en algunas ocasiones eran cobrados por la señora María Angélica Name y fueron entregados en efectivo a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez” relató la fiscal Lucy Marcela Laborde.

Reseñó que los ingresos obtenidos por el hijo del Presidente, entre los años 2019 y 2022, “corresponden a  las actividades lícitas y que aunados a otros elementos de información financiera se hallan criterios de información que fundamentan las presuntas irregularidades detectadas”.

Estos movimientos son los que encuadran en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público Sería el exdiputado, coautor y autor, respectivamente de estos actos ilícitos al haber adquirido dinero que superan lo percibido como diputado del Atlántico, y darle apariencia de legalidad.

El inmueble donde reside la testigo María Angélica Name y en la Casa de Cambio “La paragûita”, se entregaron gruesas sumas de dinero a Nicolás Petro.

La procedencia de dichos dinero no se encuentra justificada según relató Daysuris Vásquez a la Fiscalía.

Todos estos dineros superaban lo percibido por Petro Burgos como diputado del Atlántico por lo que había que darle la apariencia de legalidad.

En el teléfono de Daysuris Vásquez, la entonces pareja de Nicolás Petro, se encontraron conversaciones “con el señor Gustavo De la Ossa”. “Esta prueba es pertinente dado que la señora envía documentos como hojas de vida para obtener contratos de la Fundación Conciencia Social y con el señor Raúl Lacouture Daza quien fungía como secretario general de la Gobernación”.

Según explicó la Fiscalía, era Lacouture Daza quien le ayudaba a tramitar propuestas para incluir personas como beneficiarios de dicha fundación que recibía hojas de vida para hacer contratos.

“Con ello obtenían ingresos, las personas prestaban servicios y el dinero obtenido a través de estos contratos eran sobrefacturados, toda vez que a estas personas se les pagaba un salario inferior al que era cobrado a la Gobernación del Atlántico”.

En esta trama, según la Fiscalía, Daysuris Vásquez llegaba hasta Gustavo De la Ossa para que le fueran entregadas a Raúl Lacouture las hojas de vida utilizadas para vincular a personas en la Gobernación del Atlántico.

Según la Fiscalía, Nicolás Petro “tenía conocimiento de los cobros que se sobrefacturaban a la Gobernación del Atlántico”. Estos dineros finalmente iban a ser percibidos por el entonces diputado y la señora Daysuris Vásquez