El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia el rechazo a la solicitud de nulidad que presentó la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

Ortiz está siendo procesada por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por supuestamente entregar coimas al senador Iván Name, quien era el presidente del Congreso.

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La Fiscalía la acusará formalmente de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Además, en su decisión, el Tribunal también reconoció como representante de las comunidades indígenas de La Guajira, que fungen como víctimas, al presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.

Ortiz, quien fue cobijada con medida de aseguramiento, es señalada de supuestamente entregar $3 mil millones a Iván Name para que salieran adelante proyectos del Gobierno en el Congreso.

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Presuntamente actuaba bajo directriz del también imputado Carlos Ramón González, exdirector del Dapre.