Este lunes el país vivirá un antes y un después, en medio de una tensión nacional sin precedentes. Colombia conocerá  el sentido del fallo del juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual concluyó el pasado 8 de julio de 2025, tras 67 días de audiencias.

Ese día, la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, señaló que "atendiendo los juiciosos planteamientos de la Fiscalía, apoderados de las presuntas víctimas, los señores defensores y la defensa material, y para efectos de dar una respuesta acorde a los mismos, voy a tomarme unos días para emitir el sentido de fallo y en consecuencia para tal fin se fija el 28 de julio a las 8:30 de la mañana".

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El exmandatario se ha mantenido activo en redes sociales durante las últimas dos semanas. Recibiendo apoyos y realizando pronunciamientos por el caso.

La solicitud de la Fiscalía y la postura del exsenador

El pasado 24 de junio, la Fiscalía pidió a la jueza Heredia condenar al expresidente Uribe por los delitos de manipulación de testigos, soborno simple y fraude procesal.

A respecto, Uribe ha reiterado que "no hay un indicio, no hay una prueba, no hay manera de que me digan que determiné testigos, que determiné una persona para que hiciera eso. Lo que pedí fue verificar la información que me llegaba".

Agregó que ha afrontado este juicio como expresidente, padre, esposo y agradecido con la ciudadanía, ya que "esto ha sido bien difícil, mortificante, dispendioso para la justicia, para mis abogados, para mí, ha afectado enormemente mi reputación".

Uribe insistió en que no envió al abogado Diego Cadena a sobornar a los condenados Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez, sino que su intención era que se conociera la verdad ante las versiones que circulaban en las cárceles en las que lo mencionaban a él y a su hermano (Santiago Uribe).

Dijo, a su vez, que había indicios de que era el senador Iván Cepeda, quien estaba ofreciendo dichos sobornos. Sostuvo que “en las interceptaciones se escucha a Carlos Enrique Vélez manifestar que el senador Iván Cepeda otorgaba beneficios a internos a través de una ONG, a cambio de testimonios contra él".

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El expresidente también declaró que reprochó a Cadena por haberle dado viáticos y ayudas humanitarias a la familia del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', como parte del soborno para que hablara a su favor.

Uribe pidió a la jueza ser absuelto: "He procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva". Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre "manipulaciones de políticos para afectar mi reputación", aseveró.

Respaldo de juristas

El 21 de julio, un grupo de destacados penalistas colombianos emitió una carta pública respaldando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el documento, los juristas aseguran que el proceso judicial en su contra es un "burdo montaje político y judicial" y cuestionan severamente la actuación de la Fiscalía.

La declaración de los abogados se produce antes de que la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, decida el próximo lunes 28 de julio si el exmandatario es culpable o inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Argumentos de los juristas

En su comunicación, los firmantes analizan las pruebas presentadas durante las múltiples audiencias y concluyen que el denominado "Caso del Siglo" fue una "campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente".

Según los penalistas, esta campaña fue "cohonestada por una Fiscalía militante" con el objetivo de "mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia ante la opinión pública".

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Para los abogados que suscriben el concepto, el proceso contra Uribe representa un uso indebido del sistema judicial con fines políticos. "Este caso demuestra la utilización del sistema judicial como un instrumento de persecución y retaliación. No hay prueba alguna que justifique una condena contra el expresidente Uribe”, afirman en la misiva.

Respaldo de figuras clave

Entre los firmantes de la carta se encuentran reconocidos juristas como María Claudia Rojas, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Germán Calderón España, Francisco José Lloreda, María del Pilar Rocha, José Alfredo Escobar y Ernesto de Francisco Lloreda, entre otros.

Este pronunciamiento colectivo se convierte en una muestra significativa de respaldo jurídico al expresidente Uribe en uno de los procesos judiciales más polarizantes de la historia reciente de Colombia.

Enfrentamiento con Petro

El pasado 22 de julio, Uribe sostuvo un enfrentamiento con el Presidente Gustavo Petro, en la red social X.

La controversia estalló luego de que Petro se pronunciara sobre el caso en sus redes sociales, desatando una fuerte réplica del expresidente, quien lo acusó de mentir y de intentar influir en la justicia.

Desde su cuenta en X, el presidente Petro afirmó: “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general”.

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Añadió, además, que observa una “enorme cantidad de presiones sobre la justicia” y recalcó que los jueces tienen “el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”, y que su labor como jefe de Estado es proteger esa decisión.

Las declaraciones de Petro no tardaron en generar una airada respuesta del expresidente Uribe, quien lo acusó directamente de “mentiroso” y de tener el “vicio de mentir”.

Uribe refutó la afirmación de Petro sobre su supuesta neutralidad, recordándole intervenciones pasadas.

En particular, Uribe citó un mensaje del 9 de abril de 2025, donde Petro se refirió a la investigación penal del exmandatario y al papel del senador Iván Cepeda en el caso. "Presidente Petro, la mentira política es de los cobardes", sentenció Uribe en su cuenta de X, desempolvando varios mensajes en los que Petro se había referido previamente a sus procesos judiciales.

"Primer paso para esclarecer crímenes"

 Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso, afirmó en entrevista con Agencia EFE este viernes "fundamentalmente, que se esclarezca la verdad mediante una decisión condenatoria, porque esa verdad le hará mucho bien al país, a la democracia, a las víctimas que han sufrido directamente las consecuencias y la acción, bien sea de las Fuerzas Militares o de grupos paramilitares muy aliados al proyecto de Uribe".

Dado el peso político de Uribe -presidente entre 2002 y 2010, y fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático-, la cercanía de las elecciones de 2026 y la posibilidad de que sea el primer expresidente condenado, este es el 'juicio de la década' en el país, amplificado por las 67 audiencias transmitidas en redes sociales.

Un largo proceso

Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

En agosto de 2020, Uribe renunció a su escaño de senador para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo pero luego de ir a varias instancias jurídicas, en 2024 lo acusó formalmente.

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Ahora, tras 13 años de litigio y 67 días de audiencias (entre el 6 de febrero y el 8 de julio), la jueza Sandra Heredia anunciará la condena o absolución de Uribe. Si es hallado culpable, se fijará otra audiencia para fijar la pena, que no puede exceder los doce años.

Hazaña judicial

Cepeda califica de "hazaña" que el juicio haya llegado a esta instancia pues considera que el expresidente desató una "máquina criminal" para frustrar el proceso.

"Esto ha sido una epopeya porque Uribe ha intentado por múltiples vías acabar con este proceso que él mismo comenzó, paradójicamente, y desató, como lo dijimos en nuestros alegatos, una 'máquina criminal' que está compuesta por intermediarios, su partido político, todo su aparato mediático y su poder económico", sostuvo el senador.

Cepeda añadió que esa "máquina criminal" incluye a "numerosos paramilitares en ejercicio y narcotraficantes", muchos de los cuales "desfilaron en estos 67 días de audiencia en el tribunal. Personas que están condenadas por múltiples delitos y que asumían una actitud de defensa casi que de veneración a la figura de Uribe".

"Haber logrado en esta carrera de obstáculos, llegar prácticamente a la meta, ha sido realmente, repito, una hazaña", agregó.

"Persecución política"

El expresidente Álvaro Uribe insistió este viernes en que es víctima de una "persecución política" en el proceso que tiene abierto.

El exsenador publicó en su cuenta de X un decálogo de alegatos por los que considera que su juicio, que puede convertirlo en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente, tiene interferencias indebidas, algo que ha recalcado a lo largo del proceso.

Entre las presuntas injerencias menciona que el Presidente Gustavo Petro, con quien tiene grandes diferencias ideológicas que los sitúan en las antípodas políticas, "ha presionado la justicia".

"El presidente Petro ha presionado a la justicia. Ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema", manifestó Uribe.

Petro afirmó el pasado martes que hay presiones a la justicia ante la proximidad del fallo en este caso, pero sugirió que provienen del lado de Uribe.

"Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general", dijo Petro en su cuenta de X y agregó: "Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado".

Críticas a magistrados de la Corte Suprema

Como la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista Cepeda sino que el magistrado José Luis Barceló le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos, Uribe instauró dudas sobre el papel del alto tribunal.

"Unas denuncias presentadas por mis abogados contra el senador comunista Iván Cepeda, cercano a la FARC, en 2012 y adicionadas en 2014, las resolvió el magistrado Barceló de la Corte Suprema en la víspera electoral de 2018, en favor de Cepeda y acusándome de soborno de testigos y de engaño a la justicia", reclamó hoy Uribe.

Según el expresidente, ese proceso que le abrió la Corte Suprema "fue oculto, expedito, sin antecedentes, conocido por Cepeda y su entorno, y filtrado a algunos periodistas sesgados", pero a sus abogados les negaron la existencia del caso.

"El magistrado Barceló de la Corte Suprema decía a algunos periodistas que estaban prontos a llevarme a la cárcel. Lo lograron, pero después de elecciones. Ese proceso me lo notificaron el 24 de julio de 2018, cuatro días después de haber iniciado un nuevo periodo como senador", agregó.

El expresidente recuerda que el 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria, una decisión del magistrado César Reyes, de quien dijo que "debió declararse impedido" porque "sus conflictos de interés son clarísimos" ya que fue "compañero de trabajo de la esposa de Cepeda".

Además, fue contratista del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) "para asuntos del proceso de La Habana, con la FARC, del cual fui yo uno de los principales opositores", agrega.

El expresidente recuperó la libertad el 10 de octubre del mismo año, después de 67 días en detención domiciliaria, y durante ese periodo renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria.

"Cuando el proceso pasó a la Fiscalía, a raíz de mi renuncia al Senado, no empezó de cero, continuó. La Corte Constitucional decidió que la indagatoria de la Corte Suprema equivalía a la imputación de la Fiscalía. Una decisión discutible, estrecha 5-4, pero respetable", manifestó.

Tras ese cambio, dos fiscales pidieron el cierre anticipado del caso, lo que fue negado por el Tribunal Superior de Bogotá, y tras la acusación de una tercera fiscal, el juicio comenzó el pasado 6 de febrero y el fallo se dará a conocer este 28 de julio.

*Con información de Agencia EFE