Algunos días después de enterrar a su hija en el cementerio del corregimiento de Belén, el señor Jorge Peña abrió una carpeta que desde entonces no abandona. Allí, con la tranquilidad y juicio que lo caracterizan, el papá de la menor que el 12 de noviembre murió tras el ataque inexplicable de dos jóvenes, ha ido acumulando todas las pruebas posibles que le permitan esclarecer la muerte de “la niña”, como él la llama.

Jorge Peña, rector del colegio público del corregimiento que vio nacer a Valery hace 15 años, confiesa que se ha tenido que convertir en una especie de investigador judicial empírico, pues tanto él como su esposa, Maira Ospino, sienten que la justicia en el caso de la muerte de su hija avanza a paso muy lento. Tan lento que temen que el caso quede en la impunidad. (lee aquí la el cubrimiento periodístico sobre este caso)

“Cuando la niña murió, se acercaron de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de la Sijín, y empezaron una serie de averiguaciones. La Fiscalía comenzó a ponerse al tanto, pero la conclusión es que, a estas alturas, nos ha tocado volver a repetir las declaraciones que ya hemos dado y no sentimos que se logren avances”, relata el papá de la menor.

La muerte de Valery ha causado tanta indignación en el Magdalena no solo por el hecho de que esta menor de edad fue atacada con sevicia con una tijera por dos personas que la dominaron, la redujeron y le quitaron su dignidad de mujer, sino porque ella, valientemente, se las arregló para ganarle tiempo a la muerte el tiempo suficiente para delatar ante las autoridades a uno de los responsables.

Pero el temor de Jorge y Maira, es que el tiempo no dé para honrar a la menor. “Sentimos que hay un montón de pruebas que les hemos dicho a la Fiscalía en una reunión, pero después no han salido con excusas de que ya no se pueden recolectar”.

La moto en la que se movilizaba Valery el día que la atacaron –por ejemplo– permanece intacta en la casa, aún con huellas de sangre que les recuerdan aquel fatídico día que jamás olvidarán. “A la moto solo le tomaron unas fotos unos investigadores y nos dijeron que no servía como prueba porque fue movida del lugar del crimen ¿y si hay? ¿solo unas fotos y ya?”, se pregunta Jorge con la certeza de que allí podría haber pruebas irrefutables que se están perdiendo.

Jorge Peña también asegura que, en su momento, hizo recomendaciones a la Fiscalía para que solicitaran las imágenes de las cámaras de seguridad de la Institución Educativa José Benito Barros, donde estudiaba Valery, pues podrían ser de utilidad para corroborar una hipótesis que se maneja en la investigación, pero ahora le dicen que estas imágenes ya no pueden ser recuperadas.

“En la última reunión que tuvimos, en la que estuvo la subdirectora de Fiscalía y el fiscal del caso, se comentó qué pasó con la grabación y nos dijeron que eso se borró; las cosas quedaron hasta ahí”, dice.

Para Jorge y su mujer resulta inaudito que, aunque representan a la víctima en ausencia de su hija que fue asesinada, los tienen marginados de la investigación y les niegan el acceso a la información.

Así consta en un derecho de petición que se vio obligado a interponer la pareja para conocer los avances que llevaba la Fiscalía en el caso de su hija. La respuesta del fiscal de este caso, Jacobo Payares Paba, es que la información tiene reserva de ley y que ellos, pese a ser los padres de la menor, no pueden conocer ni siquiera un informe.

“Somos los dolientes y deberíamos estar en este proceso, verificando qué se ha hecho, mirando al menos un documento, pero eso no nos lo permite la Fiscalía. ¿Qué se ha hecho para lograr la captura de uno de los autores del crimen?”, se pregunta.

Jorge Peña afirma que, después la única reunión oficial que han podido tener para conocer los avances del caso de su hija, la respuesta oficial que tienen es que las autoridades están tras el sospechoso que delató su hija. Sospechoso que, ni aún con 30 millones de pesos de recompensa, han podido capturar.

Espere: Parte III, el doloroso llamado de Maira Ospino a la gobernadora del Magdalena