El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, aseguró este martes que la Fiscalía está "actuando de mala fe" en su contra, tras la audiencia realizada en la tarde de hoy.

Ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros de la Alma Mater.

Durante la vista pública, la juez declaró la contumacia al mismo Ramsés Vargas y a Tamid Turbay, otro miembro del Consejo Directivo en 2013, por no presentarse a la mencionada audiencia.

La contumacia es una situación jurídica que permite al juez designar a un abogado de la Defensoría Pública a los mencionados para que se le pueda formular cargos sin estar presentes y así poder continuar con el proceso por el que se les investiga.

Los dos estaban notificados que debían asistir a la audiencia, pero se han mostrado renuentes, según la juez.

Ante esta situación, Ramsés Vargas afirmó que es "imposible" que haya contumacia.

"Se ve la mala fe de la Fiscalía que me informó por escrito que la audiencia era a las 10:00 am y sin avisar la hicieron a las 3 de la tarde. Además, en esa fiscalía está radicado un poder de mis abogados a los que nunca informó", expresó el exrector de UniAutónoma.

"Hay un interés non sancto en que se realizara la audiencia y ni mi abogados ni yo supiéramos", agregó.

Ramsés Vargas envió la siguiente imagen como "prueba" de lo manifestado:

El abogado de la Defensoría aseguró que la Fiscalía presentó como evidencia un correo electrónico que envió a Tamid Turbay y desde ese mismo respondieron pidiendo información del proceso, por lo que tenía conocimiento de la diligencia judicial de este martes.

En cuanto a la notificación a Vargas Lamadrid, la Fiscalía aseguró que se dirigió a la dirección donde reside y el vigilante del edificio confirmó que sí residía en el lugar, por lo que la notificación para la audiencia se la dejaron en físico.

“A la fecha no se ha recibido una excusa que justifique la no presencia a esta sala virtual y el despacho acoge la solicitud de la Fiscalía la declaratoria de contumacia a Ramsés Vargas Lamadrid y Tamid Turbay”, dijo la juez.

Una vez se declaró la contumacia, la Fiscalía formuló también imputación de cargos  de fraude procesal contra Ramsés Vargas y Tamid Turbay.

En el caso de Ramsés Vargas, según la Fiscalía participó en una reunión del Consejo Directivo de la universidad, en diciembre de 2012, cuando ni siquiera era suplente ni miembro activo de esa sala general del Consejo Directivo y allí dijo que supuestamente el Ministerio de Educación había abierto una indagación contra la Universidad.

Según la Fiscalía, allí presuntamente ya se venía fraguando para que en mayo de 2013 lo escogieran como rector sin tener los requisitos establecidos en el estatuto de la Universidad. Así mismo presuntamente hicieron actas fraudulentas para inducir en errores y así llegar a ese cargo.

Ambos quedaron legalmente vinculados al proceso que lleva la Fiscalía en su contra.

La imputación

Sobre la imputación realizada este martes, hay que decir que estuvieron presentes en la audiencia virtual Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos.

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses.

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas  a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad.

Según se conoció, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio de la Fiscalía, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”. La mujer estuvo presente también en la vista pública virtual acompañada de su abogada.  También fue declarada como víctima la propia universidad.