La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa con el fin de establecer responsabilidades frente al fallecimiento de tres menores de edad (dos niños y una niña) pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu por causas asociadas a la desnutrición.

Las denuncias, hechas por organizaciones sociales y medios de comunicación, dan cuenta de la muerte de un bebé de 15 meses en el corregimiento Siapana, municipio de Uribia, el pasado 25 de diciembre de 2022; otro menor de cuatro meses habría muerto de hambre ese mismo día en la comunidad Waitta, corregimiento de Jojoncito, entre los municipios de Maicao y Uribia y un tercero de nueve meses en Flor de la Guajira, corregimiento de Uribia, el pasado 27 de diciembre de 2022.

Entre la información requerida por el Ministerio Público a las autoridades municipales y departamentales para establecer responsabilidades, están las identidades precisas de los niños fallecidos, sus padres y familiares, los pormenores en cada caso, los programas de salud, seguridad alimentaria y otros a los que estas familias estuvieran adscritas,  las políticas, planes y programas que se adelantan en el departamento para evitar la muerte de niños, niñas y adolescentes por desnutrición, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

Frente a esta situación, la Procuradora Margarita Cabello Blanco ordenó crear una Agencia Especial conformada por las procuradurías delegadas para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y Mujeres; Salud y Trabajo Decente, Asuntos Étnicos y Gestión y Diálogo Territorial, con el fin de redoblar el seguimiento y control a las políticas y programas de nutrición y atención a primera infancia en 2023.

Cartas en el asunto

Desde principios de 2021 la Procuraduría ha abierto cuatro actuaciones preventivas a nivel nacional y remitido 76 requerimientos a las autoridades y entidades del orden nacional y territorial con competencia frente a esta problemática.

También realizó visitas a las direcciones de Nutrición de Primera Infancia y a las oficinas de Aseguramiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en La Guajira, Vichada, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Magdalena y Córdoba, para verificar la atención y condiciones en que se presta el servicio a niños y niñas con riesgo o diagnóstico de desnutrición y mujeres lactantes.

Desde la Delegada para la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer, se ha pedido a los Ministerios de Salud y Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, y al Superintendente de Salud, tomar medidas urgentes para enfrentar el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años en ese departamento y en el resto del país.

*Con información de Procuraduría General de la Nación