La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al jefe Seccional de Sanidad Atlántico de la Policía Nacional, teniente coronel Luis Alberto Botero Castellón, por irregularidades en el proceso precontractual y contractual para la prestación de servicios de salud especializados y de alta complejidad por valor de $5 mil millones de pesos.

El ente de control comprobó tres cargos contra Botero Castellón. En primer lugar, entre agosto y octubre de 2014 desatendió los términos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones dentro del “proceso PN SECSA - DEATA SA 021 2014”, para la prestación de servicios de salud de alta complejidad de tipo ambulatorio y hospitalario del plan de beneficios para la sanidad militar y de policía, al permitir la presentación de observaciones extemporáneas a la “Organización Clínica Bonnadona Prevenir”, entidad a la que se le adjudicó el contrato para atender aproximadamente 100 mil usuarios.

Así mismo, durante el proceso el teniente coronel no seleccionó objetivamente la oferta más favorable para la dependencia, debido a que el proponente mencionado presentó una propuesta para la prestación de servicios especializados, que contenía precios artificialmente bajos para lograr la adjudicación del contrato, proceso que se realizó por selección abreviada, sin audiencia de sorteo, sin tener en cuenta que no estaba inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del ministerio.

La Procuraduría también demostró la responsabilidad del auxiliar contable y miembro del comité evaluador del proceso contractual, subintendente Johanny Bilbao Rodríguez, con suspensión e inhabilidad especial de siete meses, sin derecho a remuneración, porque omitió “adelantar el trámite previsto en caso de precios artificialmente bajos ofrecidos por el oferente”.

El Ministerio Público, en fallo de primera instancia, calificó la conducta de Botero Castellón como gravísima, a título de culpa gravísima, por desconocer el principio de economía de la contratación estatal, y “desatención elemental a reglas de obligatorio cumplimiento”, en su condición de Jefe Seccional de Sanidad Atlántico y ordenador del gasto, además de contrariar los principios que rigen la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El ente de control calificó la conducta de Bilbao Rodríguez como falta gravísima a título de culpa grave, por negligencia en el desempeño del cargo e incumplimiento de los deberes inherentes a su función de miembro del comité evaluador.

Contra la presente decisión procede el recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.