El presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la Nación para que entregue información sobre las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el interior de esa entidad,  relacionados al inventario de bienes incautados a la mafia. 

Igualmente, fueron llamados a rendir una declaración el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero y otros altos funcionarios de la SAE, con el fin de recopilar información frente a los hechos denunciados por el mismo Daniel Rojas, sobre graves irregularidades en esa entidad. 

La Fiscalía determinó no convocar la mesa de trabajo que había planteado el presidente Petro para adelantar las investigaciones conjuntas con la Sociedad de Activos Especiales, en las que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad. 

Daniel Rojas le había enviado una carta al Fiscal General, Francisco Barbosa, en la que le pedía convocar a la comisión de seguimiento de los bienes embargados a la mafia. 

Por su parte, la Fiscalía expresó que asumirá las investigaciones penales a que haya lugar, para lograr la judicialización de los eventuales responsables de dichas irregularidades. 

Daniel Rojas, quien tomó posesión del cargo como presidente de la SAE, ha estado revisando los documentos sobre autorizaciones de entregas de inmuebles que se han recuperado y las normas de la entidad para ser entregados a algunos beneficiarios. 

Una de las irregularidades que se ha detectado en la SAE es la falta de claridad de los criterios para la distribución de los bienes, teniendo en cuenta que no se ha realizado la respectiva auditoría. 

Las investigaciones de la Fiscalía están siendo lideradas por la vicefiscal general Marta Mancera y la delegada para las finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón, el director nacional del CTI, Alberto Acevedo, el director especializado contra la corrupción Edwar Calderón y la directora especializada de Extinción del derecho de dominio.

La Fiscalía entregó un informe que detalla un total de 19.587 bienes valorados en más de 25.7 billones de pesos, los cuales fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio, desde que asumió Francisco Barbosa como jefe del organismo.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, reveló que ese organismo adelanta en la actualidad un total de 105 procesos de investigación contra presuntos responsables del manejo irregular de los bienes que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que antecedió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Asimismo, explicó que del total de procesos activos, 66 casos se encuentran en indagación, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno se obtuvo la terminación anticipada.

Señaló que como parte de esta estrategia investigativa y judicial para poner en evidencia a los responsables de estos hechos de corrupción entre el 2018 y lo corrido de 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, se han suscrito cuatro preacuerdos, otorgado cinco principios de oportunidad y obtenido seis condenas por parte de los jueces.

"Desde febrero de 2020, fueron priorizadas las actividades investigativas y se les dio un impulso. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y lograron 5 condenas, todas están ejecutoriadas", dijo el fiscal Barbosa.

De otra parte, fiscales especializados de extinción del derecho de dominio embargaron millonarios bienes, pertenecientes a tres de los señalados involucrados en las anomalías detectadas en la DNE.

"En ese sentido impuso medidas cautelares sobre 91 bienes avaluados en más de 220.000 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas entre octubre y diciembre de 2021, en Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlántico); y Cartagena (Bolívar)", añadió el jefe de la Fiscalía.