La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia aprobar la extradición del ciudadano colombo-venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, quien es requerido por el gobierno chileno por su presunta participación en el homicidio de un oficial de la Policía de Carabineros, en hechos ocurridos el pasado 10 de abril, en Santiago.

En concepto enviado a ese alto tribunal, el Procurador Primero delegado para la Casación Penal señaló que la documentación aportada por el gobierno chileno goza de plena validez formal y, por lo tanto, satisface las exigencias del ordenamiento jurídico y del tratado de extradición suscrito entre los dos países. 

Indicó que en los documentos allegados se demostró plenamente la identidad del requerido, lo que permite evidenciar de que se está al frente de la misma persona que es procesada en Chile y se encuentra detenida en Colombia.

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El delegado sostuvo que el requerimiento respeta el principio de doble incriminación, pues los hechos por los cuales es solicitado tienen su equivalente en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), que para este caso son el homicidio con sus circunstancias de agravación (arts. 103 y 104) y fabricación, tráfico o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365). 

Precisó que los hechos de materia de investigación no son considerados como un delito político ni en Chile, ni en Colombia, razón por la cual se cumple lo planteado en el tratado firmado por los dos países.

Equivalencia y condicionamientos

Señaló que existe equivalencia entre el pronunciamiento judicial emitido por las autoridades chilenas y nuestro ordenamiento legal, pues ese documento contiene los cargos realizados por el Juez Sexto de Garantía de Santiago, el cual responde al escrito de acusación de nuestra legislación penal. 

Finalmente, el procurador delegado precisó que en caso de que la Corte Suprema de Justicia conceptúe favorablemente, deberá exhortar al Gobierno nacional para que advierta al país solicitante que Orozco Castillo no sea juzgado en este caso por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni se le imponga la pena capital o perpetua, se le ofrezcan posibilidades para tener contacto regular con sus familiares y se tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya estado privado de la libertad con motivo del trámite de extradición. 

*Con información de la Procuraduría General de la Nación.