La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves por crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres generales retirados y a otros 27 militares del Ejército  por su presunta responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

Entre los imputados están los generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán, informó la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se "configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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"El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga informó que los imputados son llamados a responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007, fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad", informó la JEP en su cuenta de X. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel'; Manuel de Jesús Pirabán, conocido como 'Pirata'; y Luis Arlex Arango Cárdenas, conocido como 'Chatarro'. De igual manera, la magistratura incorporó al proceso toda la información disponible en los expedientes de Justicia y Paz.

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"La sala estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros. Estas se expresaron de tres formas: 1) Operatividad conjunta (operaciones militares defensivas y ofensivas coordinadas 2) Permisividad con el accionar paramilitar, la cual se tradujo en la ausencia de operaciones militares dirigidas en su contra y en la tolerancia frente a los crímenes que cometían contra la población civil; 3) La presentación de bajas falsas en combate", indicó la JEP. 

La investigación arrojó que la presentación de bajas falsas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública, a cambio de dejarlos delinquir, principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico,  y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres y desapariciones forzadas.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga informó que los imputados son llamados a responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007, fueron… pic.twitter.com/z5S80XZ5hw

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2025