Por cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía General de la Nación capturó este miércoles en el norte de Bogotá a la exgobernadora de La Guajira y exalcaldesa de Albania, Oneida Pinto.

Tras su captura, fue trasladada a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, para las formalidades de ley, y en las próximas horas será presentada en audiencias de control de garantías.

Los hechos

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciadas ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.

En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.
Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.

También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con  aproximadamente 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

Por estos hechos ya fueron capturados 2 servidores públicos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, quienes habían estado en el periodo de los convenios y 9 particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas.

Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.

Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.

La exgobernadora también es investigada por la Fiscalía, por las presuntas amenazas de muerte que habría emitido contra el ex mandatario departamental (e) Jorge Enrique Vélez