Un juez de control de garantías declaró legal la captura por el delito de corrupción al sufragante de las cinco personas detenidas el pasado domingo en el allanamiento a la sede política de la Representante a la Cámara y Senadora electa Aida Merlano, pero declaró ilegal la captura por los otros tres delitos fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, hermana de la senadora electa, Evelyn Carolina Díaz Díaz, Edwin Martínez Salas, Jefferson Viloria Mieles y María Camila Valencia Lugo fueron conducidos a audiencia de legalización de captura desde las 10 de la mañana de este martes. 

A Carolina Díaz se le mencionó como la coordinadora de ese comando político .

El juez consideró que no se tipificaban los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el caso de las armas, la defensa presentó un documento en donde el vigilante nocturno del comando dijo ser el propietario del arma y presentó el salvoconducto. Otra arma se la había donado el exdiputado Armando Blanco Dugand (QEPD) y que como éste falleció no alcanzó a legalizar el arma. Otra arma es de la senadora quien estaba en otro lugar y tiene el salvoconducto. La cuarta arma sería de una persona que la habría dejado al vigilante y este la había guardado en la cocina.

La fuente humana que entregó la información a la Fiscalía dijo haber sido testigo presencial de la compra de votos  en esa sede política y el domingo facilitó la información que permitió la captura de las cinco personas en el allanamiento al comando de la hoy senadora electa Aida Merlano, también dio detalles de cómo se actuaba en esa sede política para la compra y venta de votos desde hace tres meses.

En ese comando se habría tenido, según la fuente, un presupuesto de 800 millones de pesos para la compra de votos.

Según la Fiscalía, desde allí se "reclutó" a un sin número de personas que a su vez reclutaban líderes que eran quienes  buscaban a los votantes. El líder recibía como pago 10 mil pesos por cada persona que llegara a vender el voto.

La persona que se comprometía  a votar por Merlano "dejaba la cédula cómo garantías para no zonificarse en otro lado", se explicó.

El informante, o fuente humana informal, "más conocida como el sapo", según palabras del juez, reveló que en ese comando político "se entregaban  20 mil pesos de anticipo por el voto y 40 mil al momento de votar".

El juez de control de garantías declaró legal el allanamiento con base a la información que se recibió de la fuente humana, lo mismo que la incautación de varios elementos como el dinero, computadores, certificados de votación y las armas de fuego.

La audiencia de formulación fue postergada para mañana miércoles, en horas de la tarde.