La Procuraduría General de la Nación, por segunda vez, pidió a la Alcaldía de Santa Marta información "clara, puntual y con soportes verificables" sobre la ejecución contractual del servicio de alumbrado público.

El Ministerio Público advirtió que existen hallazgos que requieren explicaciones jurídicas, técnicas y documentales sobre posibles incumplimientos de restricciones electorales y modificaciones al objetivo contractual original de la Concesión 002/2000.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

La Procuraduría recalcó que la respuesta entregada por la administración samaria el 4 de junio "no despejó de fondo las inquietudes sobre el uso de los recursos del sector energía". 

El órgano de control expresó su preocupación por la destinación de los recursos del impuesto alumbrado público, la delimitación de responsabilidades entre operadores, administradores y prestadores, así como el avance real de las facultades otorgadas por el Concejo Distrital de Santa Marta para reorganizar la prestación del servicio.

La Procuraduría insistió en que no son suficientes las respuestas generales, pues los samarios necesitan saber cómo se han contratado, orientado y ejecutado los recursos que financian el servicio de alumbrado público. 

Te puede interesar: "El objetivo del empalme es conocer la verdadera radiografía del país": Restrepo

El Ministerio Público recalcó que hará un "seguimiento riguroso" y dejó claro que si no existen aclaraciones completas, el caso podría "escalar a una evaluación más profunda". 

Por último, señaló que, en este caso, la transparencia es fundamental, por cuanto se trata de recursos públicos destinados a un servicio que impacta directamente la seguridad, continuidad y calidad de vida de la ciudadanía.