Nueve meses de suspensión a William Dau por irregularidades en el PAE
Al no ejercer más como Alcalde de Cartagena, deberá pagar una multa de $112.044.240 millones.
La Procuraduría General de la Nación suspendió por nueve meses para el ejercicio de su cargo al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por incumplir con la prestación del Plan de Alimentación Escolar.
Debido a que el funcionario ya no se encuentra en ejercicio de sus funciones, la decisión del Ministerio Público se convierte en el pago de salarios devengados por el mismo término de tiempo, lo cual corresponde a aproximadamente $112.044.240 millones.
El ente disciplinario confirmó que el exmandatario mantuvo sin la entrega del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes focalizados y registrados en el SIMAT como estudiantes oficiales de la ciudad de Cartagena desde el 27 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de ese año, situación que constituyó una afectación sustancial a la población educativa beneficiaria del PAE.
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El Ministerio Público tuvo en cuenta que Dau, como director de la contratación y ordenador del gasto, descartó una licitación pública convocada para la ejecución del PAE para la vigencia 2020 y en su lugar decidió, el 31 de enero, cuando ya había iniciado el año escolar, comenzar otro proceso de contratación que "no fue ágil ni eficaz, puesto que, no se logró atender oportunamente el objetivo del programa, sino 105 días después".
Asimismo, la entidad corroboró que durante este periodo de tiempo tampoco realizó esfuerzo alguno para garantizar la entrega del mencionado complemento alimenticio, mientras se adelantaba la nueva contratación.
La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 determinó calificar definitivamente la falta del sancionado como grave, a título de culpa gravísima.
Cabe destacar que Dau puede apelar esta decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
William Dau ya había sido suspendido por la Procuraduría el pasado 13 de abril. Fue por cuatro meses y se le impuso una sanción económica de $56.308.356 por utilizar un lenguaje inadecuado, impertinente y distante contra funcionarios de la Procuraduría.
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