La esposa del asesinado fiscal paraguayo Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, pidió este jueves que se le permita seguir participando virtualmente y no de forma presencial en el juicio que se realiza en Colombia contra los implicados en ese crimen porque considera que se le vulneran sus derechos como víctima.

En mayo pasado la Corte Constitucional determinó que las actuaciones judiciales en materia penal deben realizarse de forma presencial y terminó con las audiencias virtuales.

Por eso Aguilera manifestó este jueves su inconformidad con la decisión de la Corte Constitucional de hacer "obligatorio los juicios presenciales, decisión que abiertamente transgrede mis derechos como víctima, madre y mujer".

“No quiero ni voy a regresar a Colombia, lugar donde mataron a mi esposo, y mi hijo y yo pudimos haber muerto”, leyó la esposa del fiscal antimafia durante la audiencia de Acusación contra la barranquillera Margaret Chacón, señalada cerebro del crimen.

Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en una moto acuática cuando estaba en una playa de un hotel en la isla de Barú, en Cartagena, mientras celebraba su luna de miel con su esposa.

En la diligencia, la viuda, que está en Paraguay, agregó: "Desde la muerte de mi esposo y padre de mi hijo, la gravedad de esta situación me lleva a romper el silencio y expresar de manera firme mi más sentida protesta por esta decisión de la Corte Constitucional colombiana".

Seguidamente consideró que es "lamentable" que la Corte Constitucional pretenda obligarla a viajar a Colombia varias veces al mes para las audiencias.

"No es solo por costos o los gastos que ello implica sino la forma como fracturan nuestra cotidianidad y nuestra recuperación del trauma. Recuerde señora jueza que soy madre de un menor lactante por quien tengo que velar por la muerte de su padre", dijo.

En opinión de Aguilera, los avances del proceso se lograron por delaciones y en el preciso momento en que las investigaciones avanzan "llega esta decisión (de la Corte) que obligaría a los delatores de quienes estuvieron detrás de estos hechos a declarar en una sede judicial sin garantías de seguridad".

Igualmente, Aguilar dijo que ante todo lo anterior le surgen dudas y que no quiere creer que pretenden negarle "el acceso al juicio del asesinato de mi esposo, tampoco quiero pensar que buscan impedir que la justicia avance, y no entiendo por qué revictimizarnos como víctimas, como familia y también a todo el pueblo paraguayo".

Por este caso en mayo pasado un juez de Colombia condenó a 25 años y seis meses de prisión a los hermanos colombianos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que aceptaron su participación en la planeación y financiación del asesinato del fiscal paraguayo.

Según la Fiscalía colombiana, los dos hombres hacen parte de una organización delincuencial de alcance transnacional que tendría sus bases en Paraguay.

Hasta el momento son siete personas las que han sido judicializadas por esta acción criminal. Cuatro de ellas aceptaron sus responsabilidades y fueron condenadas.

EFE