El presidente de la Justicia Especial de Paz, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, dijo en Valledupar que se espera un cumplimiento del Estado en los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz con las FARC, una vez se promulguen las primeras condenas.

Próximo al fallo del Tribunal, también corresponderá a esa instancia y a la ONU, la verificación del cumplimiento de la sentencia tanto por parte de los imputados como por el Estado.

"Lo que menos queremos son sentencias de papel que no se puedan cumplir y esta audiencia es muy importante para que precisamente se verifique que están dadas todas las condiciones para que las sentencias que tendrán que salir 20  o 30 días después de que termine la audiencia pues efectivamente se cumpla", dijo el magistrado.

Explicó el presidente de la JEP que en la audiencia de verificación que se cumple en la capital del Cesar, se busca mirar si realmente se cuenta con los recursos económicos, si no, no tendrían que asignarlos con los proyectos, porque el tema no solamente es económico, el tema es el diseño de los proyectos. En eso hemos venido avanzando, en el caso del Cesar, con la Gobernación, con la Alcaldía, con la Parroquia, para ir preparando la imposición de las sanciones.

A la primera Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, asisten además del presidente de la Justicia Especial de Paz, Alejandro Ramelli Arteaga, los 12 máximos responsables del batallón La Popa, por 135 homicidios con desapariciones forzadas en algunos casos, y las 245 víctimas.

Fueron 77 los eventos violentos en 8 municipios de Cesar y La Guajira.

En esta audiencias, magistrados determinarán si los comparecientes cumplieron con todos sus compromisos y la viabilidad de los nueve proyectos que han venido trabajando de la mano de las comunidades. 

La ley determina que antes de la imposición de la condena haya una verificación a ver si están dadas las condiciones para que la sentencia sea viable.

En este proceso, un total de 17 autoridades nacionales, departamentales y municipales fueron convocadas para que asuman el compromiso de brindar apoyos técnicos, logísticos y económicos para que las sanciones sean viables.