Para este miércoles, a las 2 de la tarde, Nicolás Petro Burgos estará de nuevo en los estrados judiciales. 

Esta vez ante el Juzgado 14 Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla, luego de que la Fiscalía el pasado 15 de noviembre le imputara cargos de interés indebida de celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. 

La continuación de la audiencia será este miércoles y se aspira que Petro Burgos diga si acepta o no los cargos formulados por el ente acusador.

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Sin embargo, en la vista pública anterior la defensa de Nicolás Petro advirtió que se le estarían imputando cargos por unos mismos hechos que están en audiencia preparatoria a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activo.

Los mismo expuso la Procuraduría, indicando que no hay claridad y es necesario verificar que no se le estén vulnerando los derechos al hijo del Presidente.

Ante esto, el juez debería también emitir un pronunciamiento este miércoles.  

La Fiscalía durante la vista pública aseguró que tras sustraer información del celular de Daysuris Vásquez, entregado por ella misma, evidenció presuntas conductas en la que Petro Burgos, al parecer, se apropió de recursos de la Gobernación del Atlántico a través de una fundación, de nombre Conciencia Social, que prestaba servicios de calidad en atención a personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico y que dichos dineros salieron de las arcas de la Gobernación.

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Al parecer, según la Fiscalía, Petro Burgos presuntamente tenía injerencia en la mencionada fundación, aunque no era el representante legal.  

Según el ente acusador, Petro habría influido desde su curul como diputado del Atlántico para que en la Gobernación direccionaran los contratos a dicha fundación.

Una vez los contratos fueron entregados, hubo un anticipo de 200 millones de pesos y que según el ente acusador 120 millones quedaron en poder de Nicolás Petro y su entonces esposa Daysuris Vásquez. Adicionalmente, 40 millones presuntamente quedó en manos de Gustavo De la Ossa, representante legal de la mencionada fundación, y otros 40 supuestamente se lo quedó un funcionario que habría ayudado a gestionar para  que los contratos quedaran con la fundación.

Adicionalmente, relató la Fiscalía en audiencia, que otros anticipos se dieron en forma de cheque y en efectivo, cuyo dinero fue a recoger un escolta de Nicolás Petro en un apartamento del norte de Barranquilla y en donde la plata estaba en varias maletas.

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La Fiscalía también reveló que Nicolás Petro habría presuntamente recibido un certificado falso el 1o. de septiembre de 2021 a nombre suyo y de su entonces pareja Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en el que se afirmaba que a 31 de diciembre de 2020 habían hecho abonos por $49.300.000 al proyecto inmobiliario Side Beach House Casa Kixi. Sin embargo, las investigaciones determinaron que para esa fecha, al parecer, los aportes reales ascendían únicamente a $19.300.000.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, y presuntamente por instrucción del propio Nicolás Petro Burgos, según la Fiscalía, se expidió una segunda certificación falsa sobre el mismo proyecto, en la cual se afirmaba que él y su esposa habían realizado aportes por $100 millones de pesos, aunque los pagos reales eran de solo $50 millones, según relató la fiscal durante la audiencia. 

Según el ente acusador, estas certificaciones fueron utilizadas por Nicolás Petro y Daysuris Vásquez para justificar su patrimonio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en sus declaraciones de renta correspondientes a los años 2020 y 2021.