Nicolás Petro pidió a la Corte no usar el interrogatorio que le hizo la Fiscalía
El interrogatorio fue realizado en agosto de 2023.
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de usar el interrogatorio que le realizó la Fiscalía General de la Nación.
El interrogatorio fue realizado el 2 de agosto de 2023 y después fue divulgado por la revista Semana.
Petro denunció que el Fiscal Mario Burgos filtró la diligencia al medio de comunicación.
“Que la honorable Corte Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, se abstenga de usar el interrogatorio a indiciado que se me practicó ante la Fiscalía General de la Nación”, indicó el exdiputado.
"El interrogatorio en ningún momento se hizo bajo la gravedad de juramento", agregó el hijo del Presidente Gustavo Petro.
El exdiputado argumenta que se le violaron sus derechos al ser filtrado el interrogatorio.
Además, busca que la Corte Suprema de Justicia determine si esa diligencia que desarrolló la Fiscalía es legal o no.
Recordemos que la Fiscalía ya le leyó el escrito de acusación a Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Juez Segundo Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza, fijó la audiencia preparatoria de juicio contra el exdiputado Nicolás Petro, para los días 29 y 30 de abril.
No obstante, en días pasados, el Fiscal Mario Burgos anunció que le hará nueva imputación y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro.
Estos nuevos cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la contratación con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
El hijo del Presidente deberá responder por delitos como peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento del lleno de los requisitos legales y falsedad en documento.
En su momento se dijo que se trata de cinco contratos con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico que tienen en líos nuevamente al exdiputado.
Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades en la ejecución de convenios destinados a la atención de adultos mayores y a personas con discapacidad, desarrollados entre los años 2021 y 2023.
El valor consolidado de los cinco contratos es de $3.614 millones.