La Defensoría del Pueblo informó este lunes que nuevamente el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos.

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"Hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' y las de alias 'Calarcá', hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año", indicó.

La Defensoría hizo un llamado urgente a las estructuras disidentes para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.

Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.

De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos. Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025.

La Defensoría indicó que, en comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pidió al Gobierno Nacional:

- La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.

- La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.

- La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes.