Un rosario de denuncias graves sobre la corrupción en La Guajira entregó este mediodía el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira al referirse a investigaciones que adelanta esa entidad en la península.

En el paquete de investigaciones que asumió la Fiscalía están las relacionadas con los programas de alimentación infantil, construcción de acueductos, megacolegios, y hasta se involucra a un fiscal y a un técnico investigador en los hechos de corrupción.

En total son 41 las personas imputadas por estas graves denuncias. 

El informe detallado que entreghó el fiscal es el siguiente:

En desarrollo del plan “Bolsillos de Cristal” impulsado por la Fiscalía General de la Nación para enfrentar la corrupción,  se han logrado los primeros resultados de la intervención integral en el departamento de La Guajira, donde resultan comprometidos funcionarios públicos, contratistas  y particulares.

El trabajo desarrollado por fiscales de direcciones nacionales y seccionales durante cerca de dos (2) meses, permitió descubrir irregularidades en procesos de contratación de programas sensibles para la comunidad, en diversas áreas: educación, acueductos, salud, atención a la primera infancia y diferentes obras civiles.

I.      Labor preventiva:

1. En desarrollo de sus labores de investigación, la Fiscalía efectuó una auditoría integral sobre las cuentas bancarias del departamento, a partir del balance certificado a 31 de diciembre de 2015. Allí se advirtió en la cuenta de bancos una partida que correspondería a un establecimiento denominado “ajustes tesorales”, cuya valoración judicial concluyó con la identificación de cuentas bancarias y partidas a favor del departamento, no registradas en sus estados financieros, que dan lugar a compulsa de copias ante la Contraloría, debido a la inexistencia de ilícitos penales.
2. Se obtuvo que la alcaldía de Riohacha y el contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) regularizaran la entrega de todas las raciones contratadas a favor de los estudiantes. Cuando comenzó la investigación se estableció que los alumnos de las instituciones públicas de jornada única no recibían los alimentos convenidos, situación que se normalizó, a través de otrosí de fecha 19 de septiembre de 2016. La Fiscalía seguirá valorando el desarrollo de este contrato.
3. Durante el proceso investigativo en el departamento de La Guajira la Fiscalía fue informada de un posible detrimento patrimonial con la realización de convenios interadministrativos entre la gobernación y alcaldes de quince (15) municipios, suscritos entre los meses de marzo a junio de 2016.

Se evidenció que los recursos por cerca de  veinte mil trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil cuarenta y seis pesos ($20.347.493.046), fueron girados con diversos objetos contractuales.

La Fiscalía realizó investigaciones en los municipios y estableció que los dineros aún estaban en las cuentas aperturadas por  las administraciones. Sobre la ejecución de estos convenios se ejercerá una labor de seguimiento.

II.  Resultados

Los primeros resultados de las diferentes investigaciones que se adelantan en La Guajira, permitieron descubrir una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del departamento  por los cuales se ha dispuesto la imputación de cargos a cuarenta y una (41) personas y  se avanza en la acusación de otras once (11).

1.  ICBF 

En este caso la Fiscalía investiga dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos ($3.421.000.000), destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido un peculado del orden de mil cuatrocientos noventa y cinco  millones de pesos ($1.495.000.000), que equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios.

Se encontró que con facturas falsas  cobraron  de manera irregular más de quinientos millones de pesos ($500.000.000). Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.

Para desarrollar este proyecto el ICBF regional La Guajira contrató con la Asociación ASOMILENIO.

La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de catorce (14) personas, como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce (12) personas.

Entre ellas se encuentran el representante legal, el gerente  y trabajadores de la fundación, así como funcionarios del ICBF y proveedores.

2.  Plan aguas:

La Fiscalía indaga sobre el Plan de Aguas de La Guajira, que incluye los acueductos de Camarones, Manaure y Uribia; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.

Como resultado de la priorización se ha concluido la investigación del  denominado Acueducto Camarones.

En este caso la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción dispuso la imputación de cargos a once (11) personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Fiscalía detectó una serie de presuntas irregularidades en la  construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones (Riohacha), por un valor de doce mil ciento dos millones novecientos noventa mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($12.102.998.043).

Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros.

Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos.

 3. Los convenios del municipio de Albania

En este municipio la Fiscalía General de la Nación encontró serias irregularidades en el programa que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de  “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041.

Estas inconsistencias se habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto de dieciocho mil novecientos noventa millones de pesos ($18.990.000.000) en los que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.

Según las investigaciones, dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación.

Entre las irregularidades detectadas está la contratación de 1.450 personas sin requisitos mínimos. La presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos, doble contratación en el programa de salud mental y diferencia de valores entre lo contratado y lo pagado a subcontratistas.

En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.

4. Megacolegios:

En el año 2009 se contrató la construcción de cuarenta y dos (42) megacolegios por un valor de ciento cuarenta y nueve mil millones de pesos. ($149.000.000.000).

En este caso la Fiscalía encontró sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por cerca de veinte mil millones de pesos ($22.000.000.000).

Por estos hechos el ente acusador obtuvo nueve (9) órdenes de captura y ha dispuesto la imputación a otras tres (3) como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012).

 5. Salud

La Fiscalía investiga la forma como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del FOSYGA.

En una primera fase de la investigación la Fiscalía imputó a 8 personas y ha dispuesto la captura de cuatro (4) por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.

6.  Justicia

La Fiscalía capturó dos (2) de sus funcionarios: una fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos sucedieron en el municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones.