Un fiscal delegado ante el CTI radicó el escrito de acusación contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por su presunta participación en manipulación de testigos.

El caso surgió por la compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia en una investigación que adelantaba.

La celeridad e impulso procesal de casos en trámite hacen parte de la estrategia liderada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, con el fin de avanzar en el plan de descongestión judicial.

El escrito de acusación por los delitos de soborno en la actuación procesal y fraude procesal fue radicado por la Fiscalía, luego de obtener material probatorio que comprobaría la posible participación de los juristas en la comisión de los dos delitos al visitar las cárceles La Picota de Bogotá y de Palmira para, supuestamente, ofrecer dinero y ayuda jurídica a dos ex paramilitares condenados a cambio de dar versión juramentada en un caso que adelantaba la Corte Suprema de Justicia.

El escrito fue entregado por reparto al Juzgado Tercero Penal de Conocimiento, el cual próximamente determinará la fecha de la audiencia.

Los investigados están bajo detención privativa de la libertad en su lugar de residencia, por disposición de un juez de control de garantías al término da las audiencias concentradas. Esta decisión fue apelada por la defensa.

Según la Fiscalía, el procesado visitó en cárceles del país a exparamilitares a quienes les ofreció dinero y otros tipos de ayuda para que cambiaran su testimonio a favor de Uribe en un caso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Ante la justicia aceptó que sí entregó dinero por ejemplo al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, y que no se trató de un soborno sino de una "ayuda humanitaria", e insiste en que este lo extorsionó.