Un   juez   de   control  de   garantías, un   Fiscal   local   y   un   Inspector  de   Tránsito  serán   los encargados de resolver la situación del conductor borracho Ricardo Rodríguez Martínez quien en el pasado fin de semana le causó lesiones personales a tres personas, entre ellas, a dos menores de edad, después de estrellar de frente con su camioneta al vehículo Kia Picanto, a bordo del cual se movilizaban los lesionados por la carrera 43 con calle 98.

Después de la publicación del video que registró la magnitud del accidente y el evidente estado de beodez de Rodríguez, se supo que los heridos son José Orellano González Rubio, quien sufrió trauma craneoencefálico; y los niños Diana Hernández Bernal, registra golpes múltiples en el cuerpo; y John Alberto Hernández, quien a consecuencia del fuerte impacto sufrió una herida en el cuero cabelludo.

Estas personas, según se supo, fueron atendidas en la clínica Portoazul.

El vehículo Kia Picanto, de placas MHU-027, corresponde al automotor que fue embestido por la camioneta Chevrolet Tracker, de matrícula UUZ-011, manejada por Ricardo Rodriguez. Esta persona, según la información que está en poder de las autoridades de tránsito, había salido momentos antes del centro comercial Miramar, donde deparó con compañeros de trabajo celebrando la fiesta de fin de año.

La prueba que está en manos de la Fiscalía y el Tránsito es que Rodríguez, al estrellar su carro contra el otro automóvil y causarle las lesiones a las tres personas, tenía segundo grado de embriaguez.

La Fiscalía dejó en libertad a Rodríguez por tratarse de un delito de lesiones personales culposas pero en los próximos días le imputará en audiencia y ante un juez de control de garantías el cargo como autor de la conducta de lesiones personales culposas agravadas por el estado de embriaguez que padecía cuando ocasionó el accidente.

Paralelo al proceso penal, Rodríguez enfrenta ante un inspector de tránsito una sanción de suspensión   de   la   licencia   de   conducción   por   el   término   de   cinco   años,   y   una   multa equivalente a 360 salarios mínimos legales diarios que equivalen a $8.273.520, de acuerdo con los términos de la Ley 1696 del 2013.